El sector porcino en Aragón ha crecido exponencialmente durante los últimos años hasta alcanzar el 3,5% del PIB autonómico. Y se espera que siga siendo así los próximos años, gracias a la implantación de proyectos como el del Grupo Guissona en Épila. Por ello, el Gobierno de Aragón ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno un decreto que regula el principal problema que genera esta actividad, los purines de los animales, que provocan la contaminación de los acuíferos cercanos a las explotaciones ganaderas.
El documento legislativo pretende “asumir la responsabilidad para alcanzar la sostenibilidad ambiental”, según el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, quien ha tildado la iniciativa como “solución innovadora”.
En él, apuesta por su tratamiento a través de centros gestores, que ya están surgiendo como iniciativas privadas, que se someterán a una “rigurosa exigencia de supervisión” y se les reclamará “actuar de manera proactiva para evitar también las emisiones a la atmósfera”.
Estos garantizarán un sistema de gestión de todo el ciclo del purín, desde la recogida en las explotaciones ganaderas, transporte, tratamiento y almacenamiento, hasta su aplicación como fertilizante en las parcelas agrícolas a las que se destine. La intención final es “sustituir la fertilización mineral por la orgánica”, lo que supone un impulso a la “economía circular en el sector agrario”.
También se permite a los ganaderos la autogestión de los mismos, pero, tal y como ha advertido Olona, “el decreto implanta unas condiciones más exigentes que las actuales”. Este sistema estará basado en las declaraciones anuales del ganadero, en las que se identifican las cantidades de estiércol aplicadas a cada parcela en cada campaña agrícola, adaptándose a las necesidades de la explotación agrícola y a la demanda de los distintos cultivos.
Además, se instaura un régimen sancionador “para que sea una verdadera solución”.
Obligaciones de los centros gestores
No podrá ser centro gestor el titular de una explotación ganadera. Entre las obligaciones de los centros gestores están analizar el valor fertilizante del estiércol, incluyendo como mínimo su contenido en nitrógeno, fósforo y potasio, así como acreditar documentalmente las unidades fertilizantes (nitrógeno, fósforo y potasio) aplicadas a cada recinto, ante los titulares de las explotaciones agrícolas a la que se destinen.
Por otro lado, deberán entregar a gestores de residuos autorizados los estiércoles cuya gestión final no hayan podido realizar en el plazo máximo de un año desde su aceptación y acreditar la correcta aceptación y gestión final de los estiércoles, conforme a lo dispuesto en el decreto.
Zonas sobrecargadas y vulnerables
El Gobierno de Aragón ha declarado zonas con sobrecarga ganadera por exceso de nitrógeno procedente de la actividad ganadera -Albalatillo, Alfántega, Altorricón, Castillonroy, Mirambel, Monroyo, Peñarroya de Tastavins, Sena, Vencillón, Mainar y Villarreal de Huerva- donde no se podrán ampliar o construir nuevas granjas, salvo que se acrediten soluciones alternativas a las habituales para la gestión de los purines.
También, se han ampliado las consideradas como zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias, donde la Administración va a ejercer un mayor control en el cumplimiento de la condicionalidad de la PAC, es decir, se elevan las exigencias para garantizar que las prácticas agrarias sean respetuosas con el medio ambiente.
Además, por vez primera se ha regulado, a través de una orden, la prohibición de instalar granjas intensivas en un kilómetro a la redonda de los Espacios Naturales Protegidos y de medio kilómetro de su zona periférica de protección, en caso de existir.
