Las Cortes de Aragón, en la sesión plenaria de este jueves, han aprobado por unanimidad el dictamen de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales sobre el Proyecto de Ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad, ley “pionera y avanzada” que cambia el planteamiento de estas políticas para pasar de lo meramente asistencial a la garantía de derechos de estas personas.
La norma, a través de sus doce artículos, reorienta las actuaciones públicas garantizando su transversalidad, pone el acento en el reconocimiento de las capacidades diferentes y da prioridad a las políticas de empleo dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades. Velará por una educación inclusiva mediante la elaboración de un censo de alumnado con discapacidad y garantizando la accesibilidad de los centros. Establece medidas contra la discriminación y avanza en atención infantil temprana coordinando los ámbitos de Salud, Educación y Servicios Sociales.
Los grupos parlamentarios se han congratulado del consenso alcanzado en torno a esta Ley. La diputada del PSOE y presidenta de la Ponencia, Pilar Zamora, destaca que es una norma “que beneficia a todos”, “responde a las necesidades” equiparando la regulación en Aragón a otras comunidades pero yendo “más allá”. Será además la primera Ley publicada en lectura fácil. Se presentaron 434 enmiendas y el 93% fueron incluidas.
Más crítica respecto a la tramitación se ha mostrado la parlamentaria popular María Ángeles Orós, que ha comenzado su intervención recordando que llevan “tres años esperando” esta Ley cuyo trabajo no comenzó hasta enero de este año. Además no contaba con una memoria económica y los propios grupos del Gobierno hubieron de presentar 117 enmiendas.
Especialmente satisfecho con el paso dado en las Cortes se ha mostrado el diputado de Podemos, Raúl Gay, pese a que ha lamentado que hayan quedado fuera del consenso cuestiones importantes como la creación de una Dirección General de Discapacidad, mayor desarrollo de la asistencia personal o la creación de la figura de un mediador laboral. En cambio, destaca la importancia de que la norma establezca atención psicológica para las familias tras el parto.
En el momento de la aprobación, entidades de personas con discapacidad han estado presentes en la cámara. “Es vuestra ley”, ha dicho la diputada de Ciudadanos, Desirée Pescador, quien ha destacado que la aprobación de esta normativa “completa y justa” coincida con la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down. “Una ley sin sesgos políticos fruto del acuerdo y diálogo que deja patente que la política cambia”, que “abarca desde la infancia hasta la tercera edad” en la que fueron transaccionadas 53 enmiendas de la formación naranja.
Elena Allué (PAR) ha criticado también que la nueva normativa llega tarde, no ha tenido en cuenta propuestas de las entidades sociales y lamenta que, sin presupuesto en Aragón, su aplicación será tarea del próximo gobierno. Valora especialmente que el capítulo XII establezca un régimen de sanciones ya que es importante “garantizar que se cumple lo que está escrito”.
Por su parte, la parlamentaria Patricia Luquin (IU) ha incidido en la necesidad de que la unanimidad alcanzada sea garantía de aplicación de la Ley gobierne quien gobierne a partir de mayo y Gregorio Briz (CHA) valora especialmente el compromiso de dotar de transversalidad a la acción política en atención a las personas con discapacidad y el consenso que da respuesta a la demanda social de ser capaces de alcanzar pactos trascendentales.
