El Gobierno ha suspendido cautelarmente los trámites de expropiación que pedía Iberebro para la construcción de TorreVillage, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón declarara nulo el Plan Especial para la construcción del outlet, en la antigua planta de Pikolín. El consejero municipal de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha explicado que la nulidad no solo afecta al Plan Especial, sino a los actos derivados del mismo y uno de los más importantes es la expropiación de estos suelos.
El Ayuntamiento había iniciado los trámites de expropiación de cuatro fincas, que suponían más de 10.000 metros cuadrados, para la modificación de una acequia que atravesaba toda la zona de ejecución del outlet. La idea era expropiar a los particulares y se declaraba beneficiario a la empresa Iberebro, que acababan adquiriendo las fincas. Sin embargo, “al haberse anulado el plan especial, desaparece la causa de expropiación y, por tanto, se anula la expropiación”, ha aclarado”.
Esto, ha agregado Muñoz, va en la línea que las actuaciones derivadas de la sentencia no afecten “en ningún” caso a terceros, ni haga de imposible cumplimiento la sentencia dictaminada por un Tribunal. “Se ha acabado la época de modificar la ley cuando el tribunal dice que se ha incumplido la norma”, ha remarcado el consejero, quien ha dejado bien claro que el Gobierno de Zaragoza en Común “no va a adecuar la ley para cumplir la sentencia”.
Muñoz ha anunciado también que en la próxima Comisión se suspenderán las licencias que no están concedidas todavía. En concreto, la licencia urbanística y ambiental de actividad clasificada para ejecución de unos fines que se planteaban en las subsidiarias ejecuciones; también el proyecto y actividad de la manzana número tres, porque incluían actividades contrarias a lo dictaminado por el Plan, la licencia urbanística manzana cuatro y el acondicionamiento de un local comercial para habilitar un restaurante. “Siempre cosas que no están empezadas y cuyos usos no se adecúan a lo que establece el plan”, ha manifestado.
“Se acabaron las recalificaciones a la carta para incumplir normas”, ha sentenciado Muñoz, quien ha destacado también que la responsabilidad patrimonial “es torticera y no se ha aprobado por el momento”. Y es que la ley del suelo “no recoge expresamente que se deba dar una responsabilidad patrimonial cuando se anula una norma”, ha explicado Muñoz.
El consejero ha dejado claro que “nunca se incluyó la posibilidad de hacer un centro comercial”. Desde el fondo del acuerdo de 2008, “no es verdad que se dijera que se iba a hacer un centro comercial, a cambio de que la empresa se quedara en la ciudad”. Además, el convenio “nunca fue aprobado, solo fue suscrito, pero no aprobado”, ha indicado. Pero lo que sí tiene validez, ha insistido, son los actos a los que uno se compromete públicamente y en ese convenio había una cláusula en la que se establece que “en el supuesto de que por causas no imputables a las partes firmantes -como esta sentencia- resulte inviable la ordenación urbanística propuesta no se generarán responsabilidades de ningún tipo imputables al Ayuntamiento”.
En definitiva, el Gobierno ha aprobado suspender las expropiaciones, las licencias que no están concedidas y, por tanto, los edificios que no han comenzado. Los edificios ya construidos tienen licencia de actividades sin uso, por lo que no contradicen el fallo, ha aclarado. Aún con todo, la empresa ha decidido seguir las obras “pero lo hace bajo su responsabilidad y sabiendo que vulnera el Plan”. “En ningún caso podría luego pedir responsabilidad a la administración porque es nulo de pleno derecho”, ha subrayado.
Serán la Comisión de Urbanismo primero y el Pleno posteriormente, los órganos competentes para decidir si se recurre o no la sentencia, porque tiene que ser el mismo órgano que aprobó el plan. Eso sí, Muñoz ha adelantado que los motivos casacionales tienen una efectividad “muy improbable” y que, por ello, es “muy probable que el recurso quede en nada”. “La lógica y la razón dicen que no se recurra”, ha concluido el consejero.
