El proyecto de ley que regulará el Fondo Aragonés de Financiación Municipal ha cumplimentado este miércoles en el Parlamento autonómico el trámite de Audiencias Legislativas con la comparecencia de cinco responsables de diversas administraciones municipales.
Vicente Ciria, alcalde de Sangarrén (Huesca), ha comenzado la ronda de intervenciones reclamando que la futura ley contemple “menos subvenciones finalistas” y “más destinadas a gasto general” para ayudar a pueblos como el suyo, de doscientos cincuenta habitantes, en el que un setenta y cinco por ciento del presupuesto de trescientos mil euros va destinado a gastos corrientes y únicamente queda un veinticinco por ciento para inversiones.
“Cualquier contratiempo o gasto extra no lo podemos asumir y en muchos servicios somos deficitarios, por lo que si esto no cambia vamos a tender a desaparecer”, ha advertido. El regidor de este pequeño municipio de la comarca de Los Monegros también ha señalado como problema la demora en el pago de las partidas. “Debemos asumir el pago acudiendo a costosas operaciones de tesorería porque tardan cuatro o cinco meses en dar la subvención y eso nos cuesta mucho dinero”, ha explicado.
A continuación, el alcalde de Illueca (Zaragoza), Ignacio Herrero, ha reivindicado el papel de los ayuntamientos por ser la administración “más cercana” para los ciudadanos, a la que estos acuden estos para cualquier trámite hasta el punto de realizar labores “por encima de sus competencias”. Frente a esa disposición de los consistorios, ha señalado como problemas las enormes exigencias a que obliga la legislación estatal, más pensadas para ayuntamientos grandes con más personal, y el sobrecoste que supone para municipios como el suyo la prestación de cualquier servicio.
“Si quiero instalar un ascensor, la empresa me dice que no trabaja a más de treinta kilómetros de Zaragoza, si quiero contratar un profesor de teatro, hay que asumir su desplazamiento de doscientos kilómetros, si hablamos de la gestión de residuos, es más costoso acudir al marcrovertedero de la capital”, ha ejemplificado. Por ello ha reclamado que se les tenga “más en cuenta” con medidas como “una fiscalidad más favorable”.
Por su parte, Joaquín Juste, vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel y alcalde de Lidón (Teruel), ha considerado que la ley en tramitación resulta “insuficiente económicamente” y que “podía haberse aprobado antes”. El responsable de este municipio de la Comarca de Teruel de tan sólo sesenta y dos habitantes ha explicado la situación “insostenible” que viven ayuntamientos como el suyo, obligados a “sustituir” los servicios que en otros lugares presta la iniciativa privada.
“Cuando en un municipio se cierra la tienda, el bar, la panadería, la farmacia, la peluquería… el ayuntamiento pone el local y comparte los gastos para mantener el servicio porque somos el último eslabón de la cadena, los que no podemos decir que no ni argumentar que no es competencia nuestra”, ha explicado. Por ello ha reivindicado una financiación “que no tenga un carácter finalista”. “Somos mayores de edad para destinar el dinero donde más se necesita y nadie conoce mejor un pueblo que quien habita en él”, ha recalcado.
El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha reclamado que el “magnífico” proyecto de ley contemple un “hecho diferencial” y una “especial consideración” para que Huesca, como capital de provincia, “cuente con un protagonismo diferente con el que liderar grandes procesos de transformación en la provincia para potenciar centros de desarrollo”, ha defendido. El máximo responsable del consistorio oscense ha llegado a reivindicar para su ciudad “criterios diferenciales”, “al igual que el marco jurídico aragonés le otorga a Zaragoza un tratamiento diferencial como primera ciudad de Aragón”, ha especificado.
Felipe ha apelado a la Constitución y el Estatuto, para defender el principio de “autonomía financiera” de los entes locales, que no resulta posible con la “oscilación”, la “discrecionalidad”, el “criterio finalista” y el “claro rol de tutela” que en los últimos años ha tenido el reparto de los fondos.
Por último, Luis Zubieta, presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y alcalde de Zuera, ha destacado la “oportunidad histórica” que supone aprobar este proyecto de ley para que se cumpla la Constitución en materia de dotación de fondos suficientes a las haciendas locales. Para ello ha solicitado que las transferencias sean “automáticas, incondicionadas y previsibles y que no dependan del momento político ni económico”.
Ha coincidido con el resto de responsables municipales en la necesidad de garantizar la “autonomía” a la hora de decidir el destino de la financiación y ha reclamado el aseguramiento de un “suelo financiero” que ofrezca certidumbre a los ayuntamientos, que a su juicio se ven perjudicados por tener que asumir muchas “competencias impropias” y por las exigencias a las que les obliga la legislación de organización de las administraciones locales.
