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Lunes, 26 de septiembre de 2016
Zaragoza
Claudia Ortín Sancho

8/1/2014

El PP pide la disolución de Ecociudad Zaragoza y recuperar la gestión directa del saneamiento
El PP defenderá en el próximo Pleno la disolución de la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza, encargada del saneamiento y depuración de las aguas residuales. Con esta medida quieren recuperar la gestión directa y también su correspondiente cobro como tasa, y no como tarifa, tal y como se realiza en la actualidad.
El portavoz municipal popular, Eloy Suárez, durante la rueda de prensa de este miércoles
El portavoz municipal popular, Eloy Suárez, durante la rueda de prensa de este miércoles

Zaragoza.- Hasta el 2012, los servicios municipales del Ayuntamiento gestionaban directamente el sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales. El coste era financiado mediante una tasa. Sin embargo, desde que Ecociudad Zaragoza adquirió la titularidad de la gestión, siendo una sociedad 100%, el Gobierno local transformó esta tasa en una tarifa. Un cambio que, para el PP, no supone ninguna ventaja económica. Por ello, piden la disolución de la sociedad para recuperar la gestión directa y la tasa.

Con la externalización de Ecociudad, ha explicado el portavoz municipal popular, Eloy Suárez, el sistema cambia al pasar de tasa a tarifa y ya no implica que el precio de la prestación del servicio tenga que ser como máximo lo que le cuesta a la empresa, “sino que pueden establecer el que estimen oportuno”.

En momentos como estos, en los que se reducen competencias, ha lamentado Suárez, “el Ayuntamiento decide duplicar estructuras”. La conclusión de todo este proceso, tal y como ha resumido el portavoz popular, es que los zaragozanos “tienen el mismo servicio a un precio más caro”.

Suárez ha calificado el proceso como “un timo”, ya que los pagos de la depuradora de La Cartuja ya han vencido, lo que suponían diez millones de euros al año, por lo que los ciudadanos “deberían haber notado una rebaja del 30% y no ha sido así”.

Los populares quieren que Ecociudad se disuelva, como ya se hizo con Sermuza, “con los costes económicos que tuvo”. Proponen que la situación vuelva a su origen porque, según ha defendido Suárez, “el servicio se prestaba bien y nadie lo ha cuestionado y de la noche a la mañana se monta una operación con un alto coste económico para privatizar y obtener recursos económicos”.

Antes de privatizar la empresa, ha criticado Suárez, las instalaciones estaban valoradas en cien millones de euros y ahora el estudio de costes contempla un valor de 300 millones.