Zaragoza.- En unos momentos de recortes en todas las áreas, la Administración de Justicia es un oasis. Un trato especial no por ningún tipo de favoritismo, sino porque vive en el siglo XIX y es urgente su modernización.
2013 puede convertirse en el año de las inauguraciones. La Ciudad de la Justicia de Zaragoza, la Audiencia Provincial de Zaragoza y Huesca son alguna de ellas. Al frente de las mismas y para que todo salga de forma correcta está la directora general de Justicia, Tomasa Hernández, quien vela por ello y por conseguir que jueces, fiscales, secretarios y demás trabajadores estén satisfechos por su labor después de que el año 2011 fuese considerado como "perdido".
Pregunta.- Para los magistrados el año 2011 fue un año “perdido” de cara a la modernización de la Justicia en Aragón. ¿Comparte esta opinión?
Respuesta.- Evidentemente no la comparto para nada. En 2011 se puso la semilla de muchas cosas que ahora se están viendo. Por ejemplo, el 4 de agosto de 2011 se firmó el contrato de ejecución de las obras de la Audiencia Provincial de Huesca, empezaron las obras de la Ciudad de la Justicia y estaban muy avanzadas las de la Audiencia zaragozana.
Además, desde el punto de vista de modernización tecnológica se consolidó más el sistema de comunicación telemática Lexnet, que se extendió a todo el territorio de la Comunidad Autónoma.
P.- La verdad es que ustedes tan sólo llevan al frente unos meses y lo que de momento se ha visto que está en marcha ya se lo dejó el anterior gobierno…
R.- Estaban únicamente proyectadas. Se habían hecho las memorias de necesidades y los diseños de los edificios, pero faltaba la adjudicación y el comienzo de obras.
P.- Desde los jueces y magistrados se decía que sus peticiones no han sido atendidas. ¿Falla la comunicación entre Gobierno y Judicatura?
R.- Para nada. Tenemos muchos cauces de comunicación como las comisiones mixtas tanto con el CGPJ, como con la Fiscalía y los secretarios donde pueden hacer las peticiones y nunca se ha puesto ninguna traba a lo que se quiera poner en el orden del día. Pueden solicitar información sin ningún tipo de restricción y se atiende cualquier tipo de petición.
P.- Entonces, ¿cree usted que las críticas se deben a una politización en los órganos de gobierno de los jueces?
R.- Desconozco la intención con la que se hacen las críticas, aunque también digo que hay cuatro asociaciones de magistrados con diferentes ideología y que alguna no comparte para nada las opiniones que se vertieron.
P.- Está al frente de una de las administraciones, y hablo también a nivel nacional, que vive en otro siglo. Algo difícil de modernizar y adaptar a los tiempos de una vez. ¿Cómo lo pretenden hacer? ¿Hay algún plan director?
R.- En Justicia habría que modernizar tanto la infraestructura como la tecnología. Intentamos conseguir que el sistema de gestión de los expedientes sea lo más óptimo posible. El que utilizamos actualmente es propiedad del Ministerio de Justicia, pero periódicamente lo va modernizando y la última la empezaremos a tener en septiembre, estando implantada en octubre. La voluntad ahora entre todas las CCAA y el Gobierno de la Nación es participar todos en los proyectos y que no haya seis programas diferentes, que no se comuniquen entre ellos o que no son compatibles.
P.- Una de las principales piedras en el camino es que la Nueva Oficina Judicial (NOJ), que iba a ser lo que moviera todo, lleva desde 2003 ahí probándose y con poca definición a la hora de implantarla. ¿Cree que es un buen modelo o hay que rehacerlo?
R.- Como modelo es bueno, es aceptable, pero requiere unos puntos de partida muy importantes como son los informáticos. Parte del expediente digital, sin esa posibilidad, el diseño empieza a fallar como ha pasado en ciudades NOJ como ha sido Burgos o Ciudad Real.
P.- Esta indefinición provoca, por ejemplo, que no se creen nuevos órganos judiciales y hasta la fecha sólo se creen los bis. Piden el Juzgado de Primera Instancia de Familia, el Penal número 2 de Huesca, el Mercantil número 3 de Zaragoza, el Social número 8 de Zaragoza, el Contencioso número 6 de Zaragoza y el número 13 del Juzgado de Instrucción. ¿Llegará alguno? Hay algunos que tienen un gran volumen de asuntos.
R.- No creo que sea por la NOJ, sino por la situación económica, ya que crear un órgano judicial cuesta 300.000 euros. Por ello, se buscan fórmulas alternativas a eso para solucionar los tapones existentes. De ahí que se recurra a los esfuerzos. Hay que reconocer que el modelo NOJ permite reducir mucho los costes.
En los juzgados de Aragón le puedo asegurar que no hay colapsos porque miramos la estadística trimestralmente y cuando se detecta algún registro excesivo del número de asuntos ponemos la solución. En mi mano no está aumentar la plantilla de jueces, sino solventar los problemas de falta de personal. Hasta ahora todas esas peticiones son a magistrados y no a tramitadores.
P.- Uno con problemas importantes está en el de Familia a partir de la Custodia Compartida. Una buena ley pero que está mal acompañada de medios…
R.- Evidentemente la Ley no hizo la correcta previsión de lo que iba a llevar consigo. La falta de dotación ya era aguda en septiembre y se detectó que esa Ley requería un equipo psicosocial más amplio de lo que había hasta la fecha. Nosotros lo que hicimos es buscar una solución transitoria, pero que se ha mantenido estable. El objetivo es eliminar la pendencia de 2011.
P.- ¿Habría posibilidad de un bis en Familia?
R.- Insisto, hay que buscar fórmulas imaginativas. El colapso no está en la oficina, sino en el número tan alto de de resoluciones que hay que dictar. Yo apostaría por el refuerzo de magistrados.
P.- Algo que no depende de ustedes…
R.- Exacto.
P.- En este sentido también ven necesario tres jueces de adscripción territorial como una solución muy barata. ¿Llegará?
R.- En la actualidad hay tan sólo uno. El Consejo General del Poder Judicial tenía una treintena para repartir y por parte del TSJA se pidieron varios, pero no sé si el CGPJ lo apoyará. Por ello, apoyamos a la judicatura aragonesa en esta petición.
P.- Hace poco comenzó el Mercantil bis. Tiene una fecha de caducidad de seis meses. ¿Luchará para que se amplíe el plazo?
R.- La intención por mi parte es que siga en funcionamiento mientras siga entrando un número elevado de concursos para los dos existentes.
P.- Hablando de juzgados. La posición ha estado clara desde un primer momento sobre la propuesta del CGPJ sobre una nueva planta judicial. ¿Un modelo a seguir podría ser comarcal?
R.- La propuesta que hizo el Consejo no gustó para nada al Gobierno, porque nuestra postura es que siga el actual modelo con una adaptación a la comarca. No queremos que ningún municipio que pertenezca a una comarca quede dentro de otro partido judicial.
Tenemos una gran cantidad de partidos judiciales, concretamente 16, no creo que fueran necesarios 33. Lo importante es especializarlos, no aumentarlos.
P.- Volvemos a las infraestructuras y, especialmente, a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. ¿Teme que sea caótico el traslado? ¿Cómo se va a acondicionar ese sitio para que el ciudadano acceda fácilmente?
R.- Llevamos meses trabajando porque por el tamaño nos preocupa mucho más que el traslado de la Audiencia de Zaragoza a Galoponte. Está muy avanzado todo el plan de movilidad, de comunicaciones que es no sólo para quienes trabajan en los órganos judiciales, sino también para los ciudadanos. Intentaremos que no haya ninguna sola disfunción en la que falle el sistema informático.
P.- ¿Ya tenemos fecha?
R.- En mayo de 2013 empezar con ello. Pretendemos pautar el traslado, según la carga de trabajo de los juzgados. Y es que hay algunos órganos que ya están señalando para avanzado el próximo año.
Hemos barajado varios modelos y el que más nos gusta fue el que se hizo en Barcelona porque fue muy ordenada y no hubo mucha opinión negativa de los usuarios. Concretamente, fue un traslado de juzgados por la tarde con paradas técnicas de asentamiento y luego se vuelve a empezar para completar el proceso por órganos jurisdiccionales.
P.- Se ha fijado el techo de gasto para los próximos presupuestos de la Comunidad en 2013. ¿Espera que su Departamento no se vea afectado por el déficit?
R.- La voluntad de la presidenta Luisa Fernanda Rudi es que la Justicia es un servicio social. Por ello, no se va a bajar para nada la dotación presupuestada para Justicia y creo que así será.
P.- Ya que hablamos de dinero. Al poco tiempo de entrar ustedes a gobernar hubo críticas sobre el dinero del turno de oficio. ¿Ya ha cambiado el tema?
R.- Cuando entramos se acabó el contrato y tuvimos que renovarlo en condiciones idénticas a las que tenían, aunque con una mejora del pago anticipado de 200.000 euros para los letrados y 25.000 para los procuradores que se está cumpliendo regularmente.
P.- No sólo hablemos de medios, sino que también el personal es suyo. ¿Cómo está la tasa de interinidad? ¿Se va a reducir? ¿Y de liberados sindicales? ¿Volverán?
R.- En este momento la Comunidad tiene 156 interinos, pero 20 son vacantes. La voluntad es que no se puede quitar donde falta gente. En cuanto a los liberados sindicales hay tres –uno de CCOO, otro del Staj y otro del Csif- ahora hay una suspensión de los acuerdos de libertades sindicales y en septiembre tendremos que negociar el reparto de sus horas.
P.- ¿Se ha marcado algún objetivo para el próximo año?
R.- El principal objetivo que debemos hacer brillar es el traslado de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza en el que sea eficaz. También hemos pensado sacar un decreto para el expurgo del archivo judicial porque tenemos en La Muela una cantidad ingente de expedientes. Por ello, queremos hacer un estudio profundo de lo que hay en el que se seleccione lo que debe ser conservado y lo que puede eliminarse, atendiendo a las leyes procesales.
