Zaragoza.- La Cátedra Bantierra de la Universidad de Zaragoza ha organizado para los días 16 y 17 de febrero el III Encuentro sobre inmigración, economía y sociedad en el que se analizará las consecuencias de la crisis económica en los flujos migratorios que afectan a España. El impacto del fenómeno de la migración sobre el Estado del Bienestar y el mercado laboral centrarán este encuentro al que acuden expertos de varias universidades españolas.
La inauguración tendrá lugar este jueves a las 9.30 horas en el Salón de Actos de Bantierra (Coso, 29) y contará con la presencia de José María Jiménez, director general de Bantierra; Manuel López, rector en funciones de la Universidad de Zaragoza; Ricardo Oliván, consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia; José Alberto Molina, decano de la Facultad de Economía y Empresa y Blanca Simón, directora de la Cátedra Bantierra.
Los ponentes son, como en ediciones anteriores, profesores de las diversas universidades españolas e investigadores de reconocido prestigio en el ámbito de la Economía de la Inmigración. En este caso proceden de la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma y la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Pompeu Fabra, y de instituciones como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Instituto Universitario Ortega y Gasset, CSIC y Banco de España. En la jornada participarán también representantes de la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.
Las jornadas, que tendrán un enfoque principalmente económico, repasarán el efecto que las políticas públicas han tenido en la inmigración desde mediados de los años noventa, cuando se inició una oleada de inmigración hacia España que ha provocado profundos cambios en la demografía, la sociedad y la economía española.
El crecimiento económico generó una demanda de mano de obra que disminuyó con la llegada de la crisis, aún así, la población extranjera en España supera hoy en día los 5,7 millones de personas, lo que representa el 12,2% de la población total. De todos ellos, 2,5 millones proceden de países comunitarios y más de 1,2 millones son niños o jubilados.
