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Viernes, 24 de noviembre de 2017
Tribuna Digital

22/3/2010

El coste económico de la corrupción

César Ciriano Vela

Según un reciente informe de la prestigiosa organización Transparency International (TI), la corrupción global, a través de los sobornos y otras prácticas perniciosas y su influencia en las políticas públicas, tiene cada año un coste que se puede calcular en muchos miles de millones de euros en todo el mundo.

Estas prácticas de corrupción constituyen una fuerza destructiva que limita, de un modo muy notable, el crecimiento económico de los países y que daña, de forma irreversible, la confianza de los ciudadanos y de las empresas en el sistema democrático.

En España y en Aragón, este coste económico de las prácticas corruptas ha sido calculado, con base en los informes de la Fiscalía Anticorrupción y en otros datos recientes, en varios miles de millones de euros al año: sobornos, ineficiencias y otras consecuencias perniciosas.

Por esta razón, todos los expertos que han estudiado esta materia (juristas, economistas, sociólogos, etc) llegan a una unánime conclusión: "Es preciso poner en práctica Códigos de Buen Gobierno en el ámbito público y empresarial, con carácter obligatorio y coercitivo, y que consigan frenar el fenómeno de la corrupción a través de la concienciación de la sociedad y de los responsables públicos, y del castigo ejemplar y contundente de las prácticas que vulneren estas reglas de Buen Gobierno".

Si instauramos en nuestra sociedad una nueva cultura de la honestidad y transparencia en el ámbito público y de la empresa, nuestro sistema democrático saldrá notablemente fortalecido y reforzado y, de este modo, los ciudadanos tendrán muchos motivos para confiar en el sistema.

Al mismo tiempo, la puesta en marcha de los Códigos de Buen Gobierno tendrá como consecuencia la existencia de Gobiernos y empresas más transparentes y eficientes y, en tiempos de crisis como los actuales, podrán sentarse las bases de un crecimiento económico sano y a más largo plazo.

Para conseguir estos objetivos, es preciso acometer una reforma profunda de los Gobiernos y Administraciones, con una reducción de los trámites burocráticos y una mayor transparencia en el acceso de los ciudadanos a la información administrativa.

También es imprescindible una mayor austeridad en las cuentas públicas, con una reducción radical del sector público empresarial, que hoy en Aragón gestiona entre 600 y 900 millones de euros en 2010, en gran parte ajeno al control parlamentario y contable.

Deben regularse de un modo mucho más estricto los conflictos de intereses de los cargos públicos, para evitar recientes episodios bien conocidos y polémicos de lo que los anglosajones llaman las puertas giratorias o revolving doors.

En sectores como la contratación pública o el urbanismo, es urgente acometer reformas radicales, para evitar que instituciones tan importantes como el Parlamento Europeo, con el conocido Informe Auken de febrero de 2009, nos pongan en evidencia ante la opinión pública europea y mundial.

España y Aragón merecen unos Gobiernos transparentes y limpios, y el sistema democrático y la economía agradecerán si se acometen las reformas que son necesarias.


* Presidente de Fundiniciativas
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