Las entidades de hostelería han presentado medio centenar de alegaciones contra el proyecto de ordenanza del ruido. Aseguran que la norma no ataja el fenómeno del botellón, que es "el problema fundamental causante del ruido, suciedad y molestias nocturnas" y que está "al margen de nuestros negocios", según ha destacado el secretario general de Horeca, Jesús Boillos, porque "se sitúa en el espacio público ajeno a los espacios de hostelería".
Boillos asegura que esta norma "permite entrever un toque de queda para que las personas que deciden hacer uso de los servicios de ocio de la ciudad se recojan a sus casas antes de una determinada hora". Y eso, ha agregado, "es más propio de otra época que del siglo XXI". pero Boillos va más allá, argumentando que la norma "quiere atacar todas las esferas de ocio de los ciudadanos, ya sea en ámbito doméstico o en los establecimientos de hostelería". Y eso, "genera una inseguridad jurídica sustancial que hace entrever que se pueda poner en riesgo la viabilidad de los negocios".
La ordenanza recoge la responsabilidad que tiene el usuario por el desarrollo de actuaciones como el consumo de alcohol en la calle. Sin embargo, ha agregado, "se olvida de tipificar la infracción y regularla". Y eso "permite ver que se va a hacer responsable a los negocios de todo lo que ocurra en la calle, independientemente de que hayan participado en el suministro de las bebidas". Y eso "es una cuestión que no vamos a permitir".
El portavoz de la Asociación Aragón en Vivo, Pablo Cano, considera que esta ordenanza se ha elaborado "sin contar ni con nuestro sector, ni tampoco con los de industria o comercio, que han presentado también otras alegaciones". Cano ha hecho hincapié en que la norma "ataca directamente al sector, pone en riesgo muchos puestos de trabajo y es ambigua en muchos de los artículos".
A estas alegaciones, ha explicado Cano, el sector hostelero ya presentó 82 preguntas "para articular las alegaciones con más base". Sin embargo, "nos respondieron diciendo que no nos iban a contestar". Además, planteamos respuestas por escrito "que también siguen en silencio administrativo".
Entre las preguntas, Cano ha destacado algunas como la legalidad en la que se basan para multar a los negocios del comportamiento incívico de los clientes, cuestiones técnicas sobre las mediciones de ruido, la protección del derecho a vender el negocio, etc. La ordenanza, ha apuntado Cano, "prohíbe hacer fiestas o vociferar en las propias casas, pero no especifica el comportamiento que se va a multar en la calle".
En concreto, las alegaciones han sido presentadas por parte de la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza Y Provincia, la Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Restaurantes de Zaragoza y Provincia (Horeca), la Asociación Plataforma de Empresarios Hosteleros de Aragón (Apeha), la Asociación El Tubo de Zaragoza, la Asociación Aragón en Vivo, y la Asociación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza.
