Zaragoza.- El juicio por el caso Plaza, por el que se juzga la presunta malversación de unos 150 millones de euros durante la construcción de la plataforma logística zaragozana, ha quedado visto para sentencia. Este lunes se ha celebrado la última sesión oral, con la lectura de los informes finales de las acusaciones -Fiscalía Anticorrupción, DGA y Plaza-, y de las defensas de los tres acusados que no han llegado a acuerdos -el exviceconsejero del Gobierno de Aragón Carlo Escó y los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría-.
El más contundente durante los turnos de intervención ha sido el abogado de Escó, Juan Monclús, quien ha iniciado su discurso asegurando que su cliente -quien se enfrenta a 4 años y 9 meses de petición de cárcel- se encuentra sentado en el banquillo “porque le han calumniado en los correos de Ricardo García Becerril -exgerente de Plaza- denominados miserias” y como consecuencia de “ser quien era en el Gobierno de Aragón”. A continuación ha recordado que el proceso se inició “cuando surge un gobierno de otros signo político” tras las elecciones autonómicas de 2011 que terminaron con 12 años del socialista Marcelino Iglesias, y auparon a Luisa Fernanda Rudi (PP) a la Presidencia de la DGA. Elecciones en las que la mujer de Escó, Eva Almunia, era la candidata del PSOE a ocupar dicho cargo.
La jornada ha comenzado con el fiscal Anticorrupción, José Grinda, quien ha tomado la palabra mencionando a los dos denunciantes de este caso en el año 2011 -los entonces gerente de Plaza, Jesús Andreu, y el trabajador de la UTE Plaza Xavier Mayayo-. “Nunca hubiéramos entrado a las tripas de lo que allí ocurrió si no fuera por ellos”, ha dicho, y ha puesto en valor “la obligación moral” que llevó a actuar a ambos, y que “seguramente les haya perjudicado desde entonces a la hora de conseguir trabajo”.
El defensor de Agapito Iglesias, Miguel Ángel Alemán, ha reiterado, como ya hizo su defendido al inicio del juicio oral, que el informe de 58.000 euros que su empresa Multi Inversiones mandó hacer a la consultora de las hijas de García Becerril fue porque “los informes de este tipo son necesarios”, y que no fue solicitado ni analizado por él porque Iglesias “no se ocupaba del día a día, sino los técnicos de la empresa”. También ha explicado que, si dio dos años más de carencia a las hijas de Becerril tras montar una guardería en un local de su propiedad ubicado en Plaza, es porque “pactó con la CAI una suspensión de la amortización” por la inversión realizada en dicho edificio. “Su negocio no era cobrar ese alquiler, sino dar servicios auxiliares al polígono” por ello le interesaba que lo mantuvieran abierto.
No lo cree así la abogada de Plaza, Laura Martínez, para quien “el pago por el informe es una dádiva a García Becerril”, entre otros aspectos, “porque es un corta y pega de otros y, por tanto, una simulación para dar cobertura legal a un pago a Becerril”. Y lo ha vinculado con la falta de pago por el alquiler de la guardería a sus hijas, ya que “son beneficios en especie porque eran un trato de favor”.
La sesión ha finalizado con el informe del abogado del empresario Miguel Ángel Floría -a quien se le piden tres años y tres meses de presión-. Según su letrado, Jesús García Huici, las acusaciones están “forzando la norma” para justificar que los supuestos hechos delictivos de los que se le acusan no han prescrito. Además, ha criticado que “dan como probados hechos de los que no están justificados en el procedimiento”. Y ha puesto un ejemplo: “Mantienen que Escó y Floría tenían una relación de amistad, pero dónde está la prueba que lo acredita”.
Sin embargo, el abogado de la DGA, Juan Pérez Mas, ha sido especialmente incisivo al referirse al vídeo que realizó Floría para Plaza porque considera que es el asunto ”más claro” de los investigados. Señalaba que es un encargo “directo” de Escó, de forma que se eluda el proceso de concurrencia competitiva, ya que “se fraccionó en cinco partes la factura inicial diez días después de remitirla”, que no supo de este encargo la directora comercial de Plaza, “quien se ocupaba de este tipo de asuntos”, y que “ni se le dio utilidad al mismo”.
