Zaragoza.- La Ley de Diálogo Social y Participación Institucional cumple un año de funcionamiento y este lunes, agentes sociales aragoneses se han reunido en la sede del Gobierno de Aragón para hacer balance de resultados. Constituyendo además formalmente la primera Mesa de Diálogo Social de 2019 –y también presidida por vez primera por el presidente Javier Lambán-, representantes del ejecutivo autonómico, patronal y sindicatos han centrado la discusión en lo que todos han coincidido en calificar como “el problema económico más fuerte e inmediato” al que asiste la Comunidad: El cierre de la Central Térmica de Andorra y su efecto para las cuencas mineras turolenses.
Bajo esa consecución tripartita, y en defensa de un diálogo social “sincero, fluido y colaborador”, los portavoces de los tres organismos han reconocido que los distintos integrantes de la mesa ofrecerán “colaboración absoluta” de cara al planteamiento de “soluciones” y “políticas múltiples” que puedan reforzar una transición energética “realmente justa”. Así lo ha expresado la consejera de Economía, Marta Gastón, manteniendo el discurso que trasladarán a la Ministra Teresa Ribera en su visita a Andorra este miércoles. Sin ir más lejos, que la búsqueda de dichas alternativas "calificadas como justas" tan solo se efectuarían teniendo en cuenta dos cuestiones: La ayuda al asentamiento de empresas en la zona, y el replanteamiento por parte de Endesa de las condiciones anunciadas del cierre.
Desde sindicatos, el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, ha mencionado asimismo la posibilidad de generar oportunidades de empleo, contemplando planes formativos que pudiesen ayudar a capacitar a profesionales. El objetivo: "que los proyectos futuros que puedan venir encuentren capital humano local adecuado para poderse desarrollar”.
A pesar de que el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, observe “muy difícil” la captación de empresas en la zona minera, ha manifestado que la fórmula unilateral que debería ejercitarse es el ofrecimiento de "facilidades” a aquellas compañías que encuentren interesante el proyecto aragonés. Esto es, allanarles el terreno "en todo lo relativo a cuestiones administrativas, infraestructura previa, gestión y mano de obra local” para que encuentren la instalación “más apetecible”.
