Zaragoza.- El Gobierno de Aragón y Plaza se han incorporado a las negociaciones que vienen desarrollándose en las últimas semanas entre diversos acusados y la Fiscalía Anticorrupción. Tras recibir una oferta de Acciona, como consecuencia de la evolución de dichas negociaciones, el Gobierno y Plaza se proponen asumir la propuesta de los Letrados de los servicios jurídicos y del despacho Oliva-Ayala, que les representan desde el inicio del procedimiento en 2013, designados por el anterior Gobierno anterior.
Hay que señalar que, tras el avance de los acuerdos sobre posibles condenas que parecen dispuestos a aceptar varios de los acusados clave en el procedimiento penal, entró en escena la cuestión de las posibles responsabilidades civiles, derivadas de delito o de incumplimientos contractuales, que podían corresponder a los acusados o, en concepto de responsable civil subsidiaria, junto a otras personas o entidades, a Acciona.
El Gobierno de Aragón y Plaza, tal cual han sostenido en todo momento aconsejados por sus servicios jurídicos, nunca han aceptado acuerdo alguno que supusiese una renuncia sobre la cantidad reclamada. Por ello, en el acuerdo que ahora se impulsa, el conflicto entre la UTE Acciona-MLN y Plaza se resolverá mediante un proceso arbitral que habrán de decidir tres árbitros especializados en este tipo de obras.
No obstante, el acuerdo garantiza a Plaza la cancelación total de la deuda sobre la urbanización de la plataforma que aún mantenía incluida en sus cuentas y, además, el pago en metálico de una parte relevante de los daños reclamados. En total, ello supone el retorno inmediato y definitivo a las arcas públicas de una cantidad aproximada a los sesenta millones de euros, por diversos conceptos.
Esta cantidad podría verse incrementada en función de lo que se acuerde en el laudo arbitral que analizará el conjunto de la obra y el total de la cantidad reclamada desde el principio. En cualquier caso, la cantidad garantizada es independiente del resultado final del arbitraje y quedará definitivamente en manos públicas.
El arbitraje acordado es una forma de resolver conflictos complejos entre empresas que se utiliza con frecuencia. El laudo arbitral equivale a una sentencia judicial y produce sus mismos efectos, incluso en el ámbito judicial, dejando definitivamente resuelta la cuestión. Tiene además la gran ventaja de que, como máximo, pondrá fin a la controversia en un plazo breve, nunca superior a un año. Los tres árbitros, que deberán tener formación y experiencia específicas en la materia objeto de arbitraje, son habitualmente elegidos por consenso entre las partes y con criterios estrictamente técnicos y profesionales.
