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Jueves, 20 de septiembre de 2018
Sociedad

6/9/2018

El colectivo gitano denuncia la falta de acceso a una vivienda debido a empleos temporales

Colectivos de etnia gitana y Stop Desahucios Zaragoza denuncian que cientos de familias de etnia gitana se encuentran en riesgo de exclusión y desahucio. Algunos de los motivos son las bajas nóminas, los empleos temporales y la falta de avales. Justifican que "la ocupación es una obligación y no una elección".
María del Mar González Hernández
La portavoz de Stop Desahucios, Concha Cano, y el portavoz de la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza, José Luis Rodríguez
La portavoz de Stop Desahucios, Concha Cano, y el portavoz de la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza, José Luis Rodríguez

Zaragoza.- La falta de un trabajo normalizado, las bajas nóminas, empleos temporales y falta de avales, junto con la exclusión al pertenecer a la etnia gitana, impiden el acceso a un alquiler de mercado a este colectivo social. Es una denuncia que han promovido la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza, Stop Desahucios Zaragoza y la Federación de Asociaciones Gitanas.

Estas familias, según el portavoz de la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza, José Luis Rodríguez, "viven la criminalización por parte de algunos medios de comunicación que los tachan de delincuentes y que usan estas viviendas como narcopisos". Asimismo, Rodríguez ha señalado el problema de las "viviendas gusano", "pisos que se venden con inquilinos dentro, que al no poder pagar la renta, el nuevo propietario tiene derecho a desahuciarlos en 20 días".

Por otro lado, se está dando un cambio en la actitud de las entidades financieras que venden propiedades a fondos o inmobiliarias en pequeños paquetes, "lo que crea sus propios negocios inmobiliarios y aumenta el número de procedimientos tanto penales como civiles de desahucio", ha comentado la portavoz de Stop Desahucios, Concha Cano.

A nivel estatal, lo que se denuncia es la falta de un parque público de vivienda social y de legislación el epicentro del problema.

En la Comunidad Autónoma existe una norma, Ley 10/2016, que recoge tanto el derecho de las familias vulnerables con un desahucio por impago de hipoteca o de rentas de alquiler, como el derecho de familias especialmente vulnerables, en exclusión social o al realojo por parte de los poderes públicos si cumplen la consideración de buena fe.

Según han señalado, "el artículo no se ha aplicado y la intervención del Gobierno de Aragón se limita al convenio existente en 2013", en el que el realojo se ciñe a familias que pierden su vivienda por procedimientos de ejecución hipotecaria o por impago de alquiler, con ingresos inferiores a una vez el Iprem, "lo que deja fuera al resto de supuestos como finalización de contrato, personas en estado precario y ocupación", han aseverado.

Estas asociaciones indican que, a día de hoy, "el Programa de Ocupación que se aprobó recientemente por el Gobierno de Aragón no ha sido puesto en marcha, lo que ha dejado a cientos de familias en una situación de abandono y desahucio".

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