Zaragoza.- El Pleno de las Cortes ha admitido por unanimidad la tramitación del proyecto de ley sobre derechos y atención a personas con discapacidad. Aunque todos los grupos la han apoyado, la oposición se ha mostrado crítica con el Ejecutivo por "retrasar" la presentación de la ley y ha dudado de su capacidad para aprobarla definitivamente en lo que queda de legislatura.
El consejero de presidencia del Gobierno, Vicente Guillén, ha sido el encargado de presentar el proyecto en el hemiciclo. Allí ha defendido las medidas como una “ley transversal” que cumplirá con las directrices de la convención de personas con discapacidad de las Naciones Unidas.
El consejero ha explicado que se trata de “una norma que evoluciona de la mera asistencia” y que promueve “el respeto a las capacidades y funcionalidades diferente, la priorización de la políticas de empleo dirigidas a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de medidas para garantizar la accesibilidad universal”.
El Partido Popular ha apoyado la tramitación de la ley, pero la ha calificado como una “mera declaración de intenciones” y ha criticado que el Gobierno no haya especificado una memoria económica "detallada y realista" de cómo se van a desarrollar las medidas que incluye la ley.
“La discapacidad merece una ley, una buena ley”, ha asegurado la diputada popular María Ángeles Orós, que ha mostrado sus dudas respecto a la que propone el Gobierno y ha criticado que en ella "no ha tenido en cuenta" las proposiciones de los colectivos de personas discapacitadas.
La diputada del PSOE Pilimar Zamora ha catalogado este inicio del proceso de tramitación como un “día histórico” para Aragón, que satisface las demandas sociales más solicitadas; para el PSOE, que ve cumplida una de sus promesas electorales; y para el colectivo de discapacitados, que ven cómo su vida va a mejorar. Zamora ha agradecido al Gobierno autonómico su esfuerzo y ha recordado el trabajo que se está llevando a cabo en materia de sanidad y accesibilidad.
El diputado de Podemos Raúl Gay ha anunciado que su grupo parlamentario va a dar “un voto de confianza” a la ley. Aunque "una buena ley de discapacidad requiere de otras personas y de dinero, algo que la propuesta del Gobierno no garantiza”. “Los discapcitados somos ciudadanos de segunda, y hay que dejar de serlo” ha afirmado Gay, quién también ha adelantado que su grupo no aprobará la ley finalmente cuando llegue el momento si no se admiten durante su tramitación algunas enmiendas que presentará su grupo.
Desde el PAR, se ha reconocido la ley como “un paso importante” para garantizar los derecho del colectivo, aunque han recordado que el Partido Aragonés ya propuso una Proposición No de Ley en 2015 en esta materia. Su diputada Elena Allué ha lamentado “los tres años de retraso” y ha acusado al Gobierno de aplazar la presentación de esta ley “con cierta intencionalidad” para que coincida con el fin de la legislatura.
Por su parte, Ciudadanos se ha mostrado a favor de la iniciativa “en aras de conseguir la igualdad de derechos y plena inclusión”, pero ha asegurado que es una ley “que se puede mejorar”. Para su diputada Desirée Pescador, es necesario que la ley establezca “un seguimiento” de la aplicación de sus medidas y garantice la participación social en su elaboración, algo que según su grupo no se garantiza en el documento.
Por último, CHA e Izquierda Unida han confirmado su apoyo a la ley y han mostrado su satisfacción con que el Gobierno “de respuesta a las reivindicaciones” que durante años lleva haciendo el colectivo de personas con discapacidad.
La diputada de CHA Carmen Martínez ha valorado la transversalidad de la ley en ámbitos como el laboral y ha destacado “la especificidad” de esta ley con las mujeres discapacitadas, que se enfrentan a una "doble discriminación" por condición de sexo y capacidad.
