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Jueves, 20 de septiembre de 2018
Sociedad

23/7/2018

Las entidades privadas de servicios sociales: el patito feo del sector

Empresas de servicios sociales y entidades como Cáritas se sienten "el patito feo" del sector tras analizar la nueva legislación que regulará la relación entre la Administración autonómica y el sector privado. Recientemente reclamaron en las Cortes importantes cambios en un proyecto de ley que la DGA ha impulsado y pronto se aprobará.
Ana Sirvent Artal
La iniciativa privada ha sido muy importante para desarrollar los servicios sociales aragoneses
La iniciativa privada ha sido muy importante para desarrollar los servicios sociales aragoneses

Zaragoza.- El desarrollo del Estado de Bienestar ha sido intenso durante las últimas décadas en España. Tanto es así que las administraciones públicas han necesitado de la colaboración con entidades privadas para poder cubrir la demanda social de este tipo de servicios. En Aragón, está a punto de renovarse la normativa que regula esta relación público-privada. El texto elaborado por el Gobierno autonómico ya ha empezado su tramitación en las Cortes, a donde también han acudido varios colectivos a los que afectarán estos cambios para exponer ante los diputados sus buenas y malas impresiones sobre esta propuesta de reforma.

Así, por ejemplo, desde la Asociación de Centros de Asistencia y Servicios Sociales de Aragón (Accasa), Francisco Javier Crespo cree que se ha perdido la oportunidad de ir más al grano en el documento. "Constantemente hay una remisión a un desarrollo reglamentario posterior, lo que nos parece volver otra vez a las andadas". Eso sí, ha agradecido que se haya "tomado el toro por los cuernos" para impulsar esta ley porque era "imprescindible", y va a servir para unificar "asuntos que hasta ahora teníamos por ahí dispersos", y que adolecían de una regulación "más compendiada".

Uno de los aspectos más destacables del texto es el capítulo que prioriza la colaboración con entidades que no tengan ánimo de lucro. Al respecto, Crespo afirmaba: "Nos parece bien regularlo, pero parece que se deja de lado a una iniciativa privada que ha sido muy importante hasta ahora".

Consideran que la legislación debe proteger al usuario, pero también a las entidades que dan el servicio
Consideran que la legislación debe proteger al usuario, pero también a las entidades que dan el servicio

Precisamente en este último aspecto se centró la intervención de la gerente de Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), Paquita Morata, quien, sin pelos en la lengua, expresó que, en la práctica, la reforma es "discriminatoria" con las empresas del sector, de las que quiso dejar claro que "en su mayoría son pequeñas pymes aragonesas". Considera que se les está juzgando "por su forma jurídica, y no por sus actuaciones".

"Esta ley -afirmó Morata ante los diputados- debe proteger al usuario, pero también a las entidades que dan el servicio". Y lo remarcó con un ejemplo: "No entendemos que después de poner en marcha un proyecto de una importante inversión económica haya que esperar hasta seis meses para conseguir la autorización". Y más, tratándose de un sector que, "aunque parezca el patito feo de la economía, genera muchos puestos de trabajo, es vertebrador y ayuda a mujeres a incorporarse en el mercado laboral".

En cuanto al control ejercido por la Administración, aunque Morata aplaude que se vaya a elaborar un nuevo plan de inspección, considera que de poco servirá si no permite "ganar en eficacia". Para ello, pidió que "la comunicación entre el Servicio de Inspección y las entidades sea bidireccional, que se dé un tiempo para solventar los cambios solicitados y que no se tenga que perseguir a la Administración para comprobar lo modificado". También tildó de "fundamental" que los equipos del Servicio de Inspección "tengan la formación adecuada y la objetividad que se requiere". En este sentido, denunciaba que "a día de hoy hay centros abiertos con expedientes de cierre de los que conocemos su mala praxis, mientras que otros equipos de dirección tiene que soportar un trato humillante".

Por último, también hizo referencia a la subvenciones, y preguntó por qué las pymes no podían tener derecho a ellas. Con todo ello, solicitó a los diputados que modificaran el proyecto antes de su aprobación para que "los empresarios del sector también puedan defenderse".

La gerente de Arade, Paquita Morata, expresó que, en la práctica, la reforma es “discriminatoria”
La gerente de Arade, Paquita Morata, expresó que, en la práctica, la reforma es “discriminatoria”

A continuación, Gregorio García, en nombre del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón reclamó que los proyectos subvencionados se sometan a evaluación de calidad, así como que se articule un plan de subvenciones en coordinación con entidades locales. Y se mostró tajante en materia de acreditaciones, considerando que no deben concederse aquellos que han sido sancionador por la prestación de un servicio. En cuanta a las infracciones, cree que deben considerarse muy graves, y no simplemente graves las que correspondan a la falta de personal cualificado suficiente. "En general, lamentamos que la participación de los usuarios no está contemplada o se hace de forma muy laxa, siendo la participación un elemento central en servicios sociales modernos", declaró García.

No menos contundente fue Carlos Gómez, director de Cáritas Diocesana de Zaragoza, quien inició su intervención calificando el proyecto como "excesivamente intervencionista, burocrático y sancionador". Y es que, considera que "se basa en la desconfianza en las actividades de las sociedad civil y de la iniciativa social a pesar de que algunas de ellas tengan trayectoria antigua, consolidada y reconocida".

Fue especialmente incisivo al referirse al régimen sancionador porque hace un sistema "más controlador". Y añadía: "Las descripciones de las sanciones son de gran vaguedad lo que deja en manos de la Administración la opción de forzar la desaparición de entidades si tenemos en cuenta la gravedad de sanciones que se pueden imponer". Además, "se restringe excesivamente el acceso a subvenciones a entidades privadas de iniciativa social".

Y, para finalizar, advirtió a los diputados presentes de que "tienen en su mano elaborar una ley habiendo escuchado a las entidades sociales", y de que "de ustedes depende que la ley tenga aplicabilidad, que de solución a un problema que existe y sea posible desarrollarla".

10
comentarios
  • 10|g,j,y dijo
    a ver que sale de todo esto
  • 9|Galapago dijo
    totalmmente de acuerdo con damián, porque esto solo huele a negocio entre amiguetes
  • 8|damián dijo
    lo que tendrian que hacer es ofrecer servicios sociales publicos de calidad.
  • 7|ana V.F. dijo
    son muy necesarios este tipo de asociaciones, su labor es muy impirtante para nuestros mayores
  • 6|blasco jr dijo
    es cierto todo lo que denuncian estas entidades. todo mi apoyo
  • 5|Xena dijo
    estos lo que queiren es rascar más pasta...
  • 4|Conchita dijo
    un ejemplo de que la colaboración público-privada es posible, el sector privado ofrece mejor servicios en este campo que el público. si bien es cierto que se necesitan mejorar las condiciones de las entidades privadas.
  • 3|quesilete dijo
    segur oque hay más de un trapicheo con estas entidades, algún negocio oculto tendrán
  • 2|Lorenzo V. dijo
    ya que el sector público es un desastre en esta matería, deberian dar más subvenciones a estas entidades que de verdad sí se preocupan por nuestro mayores
  • 1|francho dijo
    la verdad es que sí, hacen una labor encomiable, y pocas veces se les reconoce, pero también es cierto que el sector público de servicios sociales dejam ucho que desear
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