La creación de empleo, favoreciendo la actividad empresarial y el aumento de sueldos y salarios, es la “madre de todas las batallas”, en términos económicos y financieros, sobre todo para continuar en la senda de crecimiento económico, pero también generando desarrollo y equilibrios financieros en el mercado laboral y en el sistema de pensiones. Conviene utilizar todo el arsenal financiero y fiscal de políticas económicas en dicha dirección, incentivando la inversión directa extranjera y la mejora de infraestructuras, el fomento de la actividad emprendedora, la máxima conexión entre la universidad y la empresa así como todo tipo de medidas que incidan en creación de empleo estable y bien remunerado.
La denominada “mochila austriaca” puede ser un elemento adicional en este contexto que puede ser de utilidad tanto en el mercado laboral como en el sistema público de pensiones. Se trata de un fondo de capitalización en el que los empresarios realizan aportaciones mensuales a los empleados, que podrían ser del orden del 1% al 2% del salario bruto, en el caso de Austria es el 1,5%. Dicha mochila siempre acompaña al trabajador independientemente de sus cambios de trabajo y empresa, pudiendo ser aplicada tanto en caso de despido como a nivel de complemento de pensión. La gestión de dicha hucha podría ser hecha por fondos de inversión seleccionados y con una fiscalidad favorable, que podría incluso estar exenta de impuestos en caso de complemento a la pensión, y con la supervisión del Estado que podría garantizar la totalidad de las aportaciones.
Las ventajas del sistema son muchas en cuanto a mejor planificación financiera de las empresas y mayor posibilidad de movilidad de los trabajadores. Pero también hay inconvenientes derivados de un cambio de sistema, sobre todo el respeto y la consideración al tema de derechos adquiridos en cuanto a indemnizaciones y, por supuesto, una cuestión clave: ¿quién paga las aportaciones a la hucha?
En principio, en un primer análisis financiero superficial en cuanto a posible financiación, plantear que las pague el Estado sería inviable en estos momentos, ya que aumentaría el déficit de la Seguridad Social; plantear que las pague el trabajador tampoco parece muy adecuado, y si son asumidas por las empresas esto conllevaría aumentar los costes laborales. Pero analizado con más detenimiento, la clave financiera en este contexto es que teniendo en cuenta que en último término son potenciales costes de indemnización, lo lógico es pensar que deben ser asumidos por las empresas, tal y como está diseñado el modelo austriaco. Sería algo absurdo plantear que el trabajador o la Seguridad Social deberían cubrir los potenciales costes de indemnización por despido, además no necesariamente supone un aumento del coste laboral analizando el contexto del largo plazo. De manera que un sistema mixto de financiación sería también descartable desde la perspectiva de ortodoxia financiera y sería confundir el debate mezclando elementos relativos a una reforma en profundidad del sistema público de pensiones.
