Zaragoza.- El primer borrador del programa marco local metropolitano, aprobado recientemente por el Comité de Redolada de CHA-Zaragoza, ha incluido un total de 41 medidas concretas, en materia de políticas de "Empleo, Desarrollo Económico y Consumo", con la vista puesta en los programas electorales que la formación va a presentar en las elecciones municipales de 2019.
Con este borrador, CHA pretende "establecer las condiciones necesarias para la creación de empleo en los municipios que conforman el área metropolitana de Zaragoza, para hacerla competitiva en relación con otras áreas metropolitanas europeas de similar dimensión y para potenciar su papel de dinamizador de la economía aragonesa".
Entre las medidas propuestas desde CHA para Zaragoza y su entorno metropolitano destacan las del ámbito económico, industrial y de empleo, como son apoyar políticas de desarrollo industrial y de apoyo a los distintos sectores productivos, especialmente a la pequeña empresa y los autónomos; agilizar en única oficina municipal la gestión de todo tipo de ayudas, subvenciones y tramitaciones para la creación de una empresa, sirviendo de asesoramiento y apoyo en la tramitación ante otras administraciones; posibilitar que la mayor parte de las gestiones de los autónomos y pymes con la administración se hagan de forma no presencial; apostar por el fomento y apoyo a la pequeña y mediana empresa por ser generadoras de abundante mano de obra; potenciar servicios de teletrabajo; crear zonas industriales ajustadas a las necesidades de los municipios y mejora de las existentes, o facilitar el acceso a las nuevas tecnologías, como internet, que pueden contribuir a la creación de puestos de trabajo (teletrabajo, nuevas empresas, etc.).
También reclaman el apoyo a la artesanía y los oficios que van desapareciendo, como la forja o la cantería por ejemplo, y a su comercialización. Creación de Escuelas Taller y Talleres de Empleo (subvenciones del Inaem) o potenciar el autoempleo y la creación de microempresas y cooperativas, en todos los ciclos formativos que den todas las Escuelas Talleres y Cursos del Inaem, incluso en los Ciclos Formativos de FP; fomentar una política activa de empleo y de oportunidades que garanticen la integración de las personas con discapacidad según lo marcado por las leyes actuales; apoyar y fomentar la creación de cooperativas y empresas de economía social, y realizar programas de educación y formación profesional para eliminar la segregación ocupacional de determinados sectores de la sociedad.
En el ámbito agrícola, proponen apoyar las infraestructuras necesarias para que las cooperativas de productos agrarios puedan ofrecer sus productos por medio de las nuevas tecnologías; el apoyo a los productos de calidad y a la huerta de Zaragoza en colaboración con los órganos de gestión de las mismas; el impulso a las empresas relacionadas con el mundo agropecuario, sobre todo las de transformación agroalimentaria y la agricultura ecológica; potenciar el sector agropecuario, especialmente entendido en el Área Metropolitana como suministrador de un mercado de proximidad, promover la concentración parcelaria; promover una agricultura y ganadería, bien ecológica, bien integrada, que respete el medio ambiente; colaborar en la promoción y creación de servicios metropolitanos de fácil utilización y proximidad para la recogida de residuos agrícolas, ganaderos (fitosanitarios, purines, etc.); fomentar los productos ecológicos, subvenciones, mejorar sus ventas en los mercados mediante ventajas, y ayudar al pequeño agricultor (explotaciones familiares).
En cuanto al comercio, propone apoyar al pequeño comercio para que pueda hacer frente a las grandes superficies comerciales mediante la eficiencia, la modernización, la cooperación y la formación, y potenciar las zonas comerciales de los cascos urbanos consolidados, potenciando un transporte público barato y ágil que lleve a esas zonas comerciales haciéndolas competitivas.
En lo referente al consumo, la propuesta de la formación es hacer de las asociaciones de consumidores verdaderos agentes de participación activa en el conocimiento de las necesidades y realidades del consumidor, en su defensa y asesoramiento y en la resolución de sus problemas, fomentando su participación en la elaboración de normas que afectan al consumidor, financiando estudios y actividades formativas y armonizando su actividad; velar por la formación de ciudadanos que realicen un consumo informado, crítico y responsable, que sabe exigir sus derechos, y que fomente la cultura de la participación en el seno de las asociaciones de consumidores; potenciar y aumentar las OMIC, que sean un instrumento efectivo para la defensa, formación, información de los ciudadanos ante el consumo y sus problemas; establecer una serie de bonificaciones o subvenciones para las empresas que se adhieran a los medios de arbitraje, y asegurar que los grandes proveedores de servicios básicos (electricidad, gas, agua, teléfono, servicios bancarios, transporte) cumplen con sus obligaciones de acceso universal y no abusan de su posición dominante con respecto a los consumidores, especialmente los más desfavorecidos, manteniendo para ello una actitud garantista.
