Zaragoza.- La polémica surgida en algunos medios de comunicación nacionales respecto a aprobación de la ley de actualización de derechos históricos de Aragón está liderada por "aquellos que están intentando abrir heridas artificiales", según el consejero de Presidencia del Gobierno autonómico, Vicente Guillén. Considera que "nada hay en esta ley que pueda poner en riesgo la unidad de España".
Ha recordado que esta ley no fue impulsada por el Ejecutivo, sino que partió de una proposición por ser "irredentos izquierdistas", y que "es calcada a a negociada la legislatura pasada por PP y PAR". Y, aunque varios ministerios informarán a la DGA de que algunos de sus artículos podrían ser inconstitucionales, Guillén ha justificado que no se transmitieran mediante un informe al Parlamento autonómico: “No informamos porque no lo hacemos habitualmente. También nos enviaron advertencias sobre inconstitucionalidad cuando se tramitaba la ley del taxi y tampoco lo hicimos”.
Lo que, según Guillén, es obligación del Ejecutivo es respetar la soberanía del Parlamento autonómico, que aprobó esta ley el pasado 28 de junio. "Nosotros no somos jueces de nada", ha recalcado.También ha remarcado que el Gobierno del que forma parte "está comprometido con la Constitución y el Estatuto de Autonomía sin ningún género de duda", que considera está haciendo la DGA. “Si hay alguien que defiende la unidad de España, ese es el presidente Javier Lambán", según Guillén, quien tiene claro que "Aragón forma parte de un proyecto común y tenemos objetivo de contribuir a su desarrollo.Eso sí, sin renunciar a la singularidad que tiene Aragón", la cual "viene avalada por la constitución”.
El Gobierno de España próximamente deberá decidir si recurre esta ley al Tribunal Constitucional. Ante esta posibilidad, Guillén espera que, antes de acudir a la justicia, se activen los mecanismos de bilateralidad para tratar el asunto en reuniones privadas entre Estado y Aragón.
