Zaragoza.- Ya hace un par de meses, concretamente el 3 de abril de 2018, miembros de la asociación e ámbito estatal "Todos los niños robados son también mis niños" acudieron a las Cortes a reclamar que sus diputados hicieran una declaración institucional en favor de esta causa. Sin embargo, esta no llega. Y es que, algo que a priori parece no revestir gran dificultad está creando desavenencias entre los grupos parlamentarios por el contenido del texto.
Dicha asociación pretende acudir a ser escuchada en todos los parlamentos autonómicos para solicitar lo mismo, que se impulse en el Congreso de los Diputados una ley que regule el esclarecimiento y apoyo a las víctimas de estos crímenes de la humanidad perpetrados durante cuarenta años en España. El de Aragón ha sido el primer órgano legislativo autonómico de la lista, y cada semana que pasa sin que se pronuncie parece más probable que se convierta en su primera decepción.
Su intención era conseguir el aval de todos los parlamentos, como primer paso para que en la Cámara baja se empiecen a mover las cosas. Tal y como explicaba durante la comparecencia su portavoz, Soledad Luque, aunque se ha avanzado durante los últimos cinco años porque varias comunidades autónomas han regulado al respecto –entre ellas Aragón-, para la aplicación efectiva de las medidas que marca "hace falta un marco estatal que ampare a todas las víctimas".
Parece lógico porque la gran mayoría de los bebés que fueron robados nada más nacer para ser entregados a otras familias recayeron en una comunidad autónoma distinta a la que eran originarios. "Fue un deleznable tráfico de niños que cruzaba toda la península, de lado a lado, de tal calibre que es imprescindible una legislación estatal para que se pueda aplicar bien".
Lo explicaba más en detalle la abogada y vicepresidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Mayte Parejo: "Cuando se solicitan diligencias, en su mayoría, no se han podido realizar porque no hay un banco de ADN nacional. El ámbito judicial local se ha demostrado insuficiente y ha habido numerosos archivos provisionales porque no hay manera de seguir investigando".
Clamor internacional
Durante la comparecencia, Parejo enumeró las acciones que desde fuera de España han instado a acabar con la impunidad que padecen las víctimas ante estos hechos que se desarrollaron durante medio siglo. El Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU emitió una recomendación en 2013, que tenía que haber implementado el Estado en un año, pero todavía no ha hecho.
También se refirió a la visita que hizo Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, tras la que emitió un "duro informe sobre carencias que están sufriendo estas víctimas". Entonces, "exigió medidas legislativas y judiciales que permitan que las víctimas puedan encontrar a sus seres queridos". En 2017, "una misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo estuvo en España e hizo hasta 27 recomendaciones".
Parece que el clamor tanto popular como internacional está haciendo efecto. Hace algunos años la Fiscalía animó a sus fiscales a ser proactivos y solicitar pruebas de ADN y exhumaciones, entre otras, pero a la hora de la verdad "se han producido varios problemas", explicaba la abogada, por no poseer un marco legal estatal. Y lo detallaba la portavoz de la asociación a continuación: "Según un informe de Fiscalía, hasta 2017 se abrieron diligencias en 2100 casos tras denuncia de víctimas. De ellas, solo 500 están judicializadas y el resto están archivadas porque no algo impide su investigación".
La iniciativa nacional
Esta situación ha provocado que las distintas asociaciones creadas para la defensa de las víctimas del robo de niños hayan elaborado una proposición de ley que pretenden que sea tramitada en el Congreso. Es un documento "pragmático, concreto y que prioriza lo fundamental para poder trabajar de forma real", explicaron en las Cortes.
En primer lugar plantea el derecho de acceso a la información existente en archivos, como libros de cementerios, padrones o libros de adopciones. También solicita que ejerza una tutela judicial efectiva por parte del Estado, impulsando un servicio de la Fiscalía especializado así como una unidad policial que impulse dichos procedimientos.
La creación de una comisión estatal por el derecho a la identidad es otra de sus peticiones. Esta iniciativa está especialmente dirigida a los niños afectados por estos casos, ya que fueron privados de derecho a sus orígenes y su libre desarrollo. Por último, claman por que se produzca una reparación del daño causado, "pero no dinero. Tan solo el mero reconocimiento de lo ocurrido", explicaban ente los parlamentarios aragoneses.
Pero las Cortes no se mueven
Todos los grupos parlamentarios manifestaron entonces su conformidad con la petición planteada ante las Cortes. Según Fernando Galve (PP) "estamos hablando de delitos muy graves y es obligación de todos los poderes públicos poner todos los recursos encima de la mesa para que ante estos hechos, en caso de que se demuestren, se pague por ellos”. El socialista Enrique Pueyo considera que "necesitamos cerrar esta tragedia cuanto antes con una investigación efectiva".
Tal y como ha manifestado Itxaso Cabrera (Podemos), por esta causa hay "miles de mujeres con el corazón roto y los brazos vacíos”, ha lamentado. La portavoz del PAR en esta Comisión, Lucía Guillén, cree que "es hora de buscar soluciones”. Por parte de Ciudadanos, Jesús Sansó “es imprescindible conocer la verdad”. Para Carmen Martínez (CHA), “la petición de hoy es de justicia y CHA va a trabajar y apoyar para conseguir esa declaración institucional”.
A pesar de todas estas bonitas palabras y buenas intenciones expresadas por la totalidad de los grupos parlamentarios en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas, el tiempo pasa y cada día parece más evidente que esta declaración duerme el sueño de los justos en un cajón de las Cortes.
Según confirman fuentes de la institución legislativa, así es. Esta pretensión inicial se ha apartado. En estos momentos, todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Polular trabajan en una proposición de ley que llevar a debate próximamente. No es lo que la asociación solicitaba, pero algo es algo.
