Zaragoza.- La Diputación General de Aragón cuenta con unos 1.500 trabajadores "puestos a dedo". Es la situación que desde CCOO han querido poner de manifiesto para denunciar la "discrecionalidad" entre los trabajadores de la Comunidad Autónoma. Esto supondría que el 12,5% de la plantilla de la DGA estaría elegida "sin baremos" ni "procedimientos por méritos", según han revelado.
De ellos, unas 520 personas serían puestos de libre designación, es decir, los que "el político de turno nombra a dedo", ha expuesto el secretario general de la sección sindical de CCOO en la DGA, Paco González. Además, añade, "cuando se trata de jefaturas de alto nivel, el número de hombres es superior al de mujeres, pero cuando se habla de secretarías de altos cargos, abrumadoramente es mayoritario el número de mujeres".
El resto, alrededor de un millar, forman parte de las comisiones de servicio, que se utilizan cuando se requiere incorporar a alguna persona de forma urgente a un puesto que ha quedado vacante. Por norma, pueden estar en ese puesto durante seis meses, prorrogable a otros seis, aunque, según González, el 70% supera ese plazo y algunos pueden llegar a estar ocho o diez años en esa vacante. "Ese sistema que es excepcional está ocupado por el 25% de la plantilla de funcionarios fijos de la Administración. Algo excepcional se ha convertido en una norma", ha indicado.
Esta situación conlleva que la persona que está ocupando la vacante cobra las retribuciones de ese puesto. "Una veterinaria cobra unos 35.500 euros anuales. Si tiene suerte y ocupa una jefatura de sección en Agricultura, pasa a cobrar 6.000 euros/año más durante un tiempo indeterminado", ha puesto como ejemplo el secretario general de la sección sindical de CCOO en la DGA. Además, supone que cuando salga la plaza a concurso, este trabajador contaría con más puntos para resultar el adjudicatario.
Sin embargo, desde el sindicato lamentan que esta "discrecionalidad" está lejos de poder superarse, ya que, en lo que va de legislatura, el número de comisiones de servicio habría incrementado un 20%, de unas 800 a 1.015. "Se trata de un mecanismo muy jugoso, atractivo y tentador para los políticos de turno y hace que los funcionarios, que somos imparciales y sometidos al imperio de la ley, seamos más influenciables porque nuestra estabilidad depende de que alguien decida que esa comisión de servicio se termina", ha aseverado González.
Por ello, desde la sección sindical van a trasladar esta situación a la nueva directora general de Función Pública, Arántzazu Millo, aunque, lamentan, "tiene otros intereses como la administración electrónica". "Es un tema complejo porque supondría dar un giro de 180 grados a la política de personal de la DGA. Supondría quitarle el poder a muchos directores generales y provinciales que, hoy por hoy, nombran y desnombran a su gusto", ha asegurado González.
