Zaragoza.- El Parlamento autonómico, en sesión plenaria, ha aprobado por unanimidad la convalidación del decreto, publicado por el Gobierno el pasado 8 de mayo, que establece las medidas para reparar los daños causados y las pérdidas por el desbordamiento del río Ebro del pasado mes de abril.
El encargado de presentar el documento ha sido el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, quien ha explicado que estas ayudas son un complemento a las aportaciones previstas por el Gobierno de España. El montante principal asciende a casi 13 millones de euros que se reparten entre ayudas para daños a producciones agrícolas, ganaderas y forestales, la reparación de daños a infraestructuras públicas de riego y de daños medioambientales en el entorno natural.
Uno de los más críticos en su intervención ha sido el diputado del PP Ramón Celma para quien no tiene sentido que se mantenga la palabra “urgente” en el decreto porque se ha traído a las Cortes dos meses después del desbordamiento. Más cuando “el decreto es una copia del de 2015”. Y, a los diputados que han criticado que la aportación del Estado no haya llegado todavía, ha aclarado que “en Navarra y La Rioja han empezado las obras, pero en Aragón no porque el Gobierno aragonés no había mandado el informe medioambiental necesario para ello”.
También ha reclamado la necesidad de seguir impulsando las obras del pacto del agua para evitar las consecuencias de futuras riadas. Por su parte, el socialista Herminio Sancho ha felicitado al Gobierno de Aragón por la gestión llevada a cabo durante los días de crecida, además de poner en valor que “se hará responsable del 100% de los daños en cultivos que cuenten con seguro”.
“Anticipación y gestión del río como ecosistema” ha pedido Marta de Santos (Podemos) durante su intervención. Considera necesario “afrontar que más vale prevenir que curar, y ha criticado que la Confederación Hidrográfica del Ebro “solo sirva para restaurar lo que había, pero no para avanzar en la mejora con la experiencia de cada año”. “Hay que reflexionar -según De Santos- y luego actuar, porque nos estamos dedicando a lo urgente y no a lo importante”.
Según Arturo Aliga (PAR), hay tres cuestiones clave importantes en la gestión de las riadas: “La coordinación con el Estado, la cooperación durante la riada y los compromisos presupuestarios”. Considera necesario “asumir el rol que a cada administración le toca”. Espera que en breve se apruebe en el Senado la enmienda presentada por su partido a los PGE para destinar 10 millones de euros a trabajos de limpieza del río.
El diputado de Ciudadanos Jesús Sansó ha insistido en la necesidad de “prevenir antes que curar”, entre otras cosas porque “la diferencia de costes es enorme y es más rentable prevenir”. Ha recordado que, según el estudio elaborado por el Ejecutivo autonómico, sería necesario invertir 80 millones de euros para reducir de forma continua las afecciones de las riadas, y le ha reclamado que acuda a pedirlos al nuevo Gobierno de España. “Estoy seguro de que ahora no habrá ningún problema para dotarlo con la máxima diligencia”, ha dicho con sorna.
Desde CHA, Carmen Martínez ha puesto el foco en el cambio climático, del que está convencida “va a provocar que las riadas se adelanten en el calendario”. Por ello, es primordial “contar con las armas de gestión necesarias para que no tengamos que estar elaborando reales decretos cuando vengan las riadas”. Por último, Patricia Luquin (IU) ha criticado que algunas de las ayudas de la riada de 2015 “han tardado más de dos y tres años en ser cobradas”, ante lo que considera necesario que Aragón y España “estén muy coordinados”.
