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Lunes, 22 de octubre de 2018
M. Ambiente

6/6/2018

Varios responsables de la depuración de aguas justifican que el dinero estatal no llegara al Pirineo

La comisión de las Cortes que analiza el desarrollo del Plan de Depuración aragonés se ha centrado este miércoles en el convenio firmado con el Estado para realizar las obras declaradas de interés general -las del Pirineo-. Varios responsables han justificado que se utilizara para otras obras porque un anexo del convenio las incluía.
Ana Sirvent Artal
Esta ha sido la quinta sesión de comparecencias de las Cortes
Esta ha sido la quinta sesión de comparecencias de las Cortes

Zaragoza.- "La declaración de interés general se refería a la depuración de los núcleos pirenaicos pero como un concepto global", según Rafael izquierdo, director del Instituto Aragonés del Agua (IAA) entre 2007 y 2012. Lo ha asegurado en la comisión de investigación de las Cortes que analiza el funcionamiento del sistema para depurar las aguas de Aragón con el objetivo de aclarar los motivos por los que no ha podido llevarse a cabo tal y como fue diseñado. "El concepto de depuración de ríos pirenaicos -al que hacía referencia la declaración de interés general- es muy amplio y no entraba a decir cuántas obras había que hacerse", ha justificado Izquierdo. 

En esta sesión, la quinta de comparecientes, Rafael Romeo, presidente de la CHE entre 2008 y 2012, ha explicado que en el convenio firmado con el Estado en 2008, que concedía 169 millones para realizar las obras declaradas de interés general, "incluía todas las actuaciones, no solo las pirenaicas". A preguntas de la diputada de Podemos Marta de Santos, quien le ha pedido que aclare si "se utilizó el concepto de interés general del Pirineo para cumplir los objetivos del resto de Aragón", Romeo ha reconocido que "fue así". El convenio incluía 300 obras en el Pirineo pero también en otros lugares de Aragón, aunque estas no poseían la declaración de interés general. 

La crisis produjo los retrasos 

Este convenio fue modificado en 2013 y redujo la cuantía aportada por el Estado -de 169 millones a 142-. Romeo ha explicado que hubo un retraso en los plazos de transferencias previstos "porque entramos en crisis económica". Una situación ante la que el Gobierno de Aragón no mostró su desacuerdo. "También era consciente y lo asumió", ha dicho. En ese momento, "los compromisos con Europa pasaron a segundo término". 

Respecto a la magnitud de las depuradoras construidas, ha explicado que la CHE se dedicaba a "comprobar si el proyecto utilizaba el método adecuado para depurar", pero "no entraba entre las competencias comprobar si las poblaciones equivalentes calculadas eran correctas". 

Por su parte, Izquierdo ha justificado que se eligiera el modelo de concesión para un gran número de las actuaciones porque "las ayudas europeas dejaron de llegar y Aragón no tenía fondos propios para esa cantidad ingente de obras". De este modo, "se hubieran necesitado entre 30 y 40 años para hacer todas". También ha matizado que la crisis "no solo produjo retrasos en las obras proyectadas por el sistema concesional, sino también en las actuaciones realizadas por el sistema público". 

Fabara vuelve a tomar protagonismo en la comisión 

Carlos Arrazola, jefe de control de vertidos de la CHE, a preguntas de PP, PAR y Ciudadanos, ha explicado que el municipio de Fabara incumple varios días al año los niveles de depuración exigidos. Ocurre en este municipio de forma "reiterada pero leve", principalmente en los meses fríos, pero también ha dejado claro que "todos los días hay incumplimientos de depuradoras en todo Aragón". 

A preguntas de la socialista Isabel García, en referencia a la depuración mediante sistema de filtros verdes como el que utiliza Fabara, ha declarado que este método "tiene su mercado" y "para determinados lugares produce ventajas que no tienen los otros sistemas", en referencia a las pequeñas poblaciones.

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