Zaragoza.- Como una "locura económica" ha calificado el alcalde de Fabara, Francisco Doménech (PSOE), la propuesta planteada en el año 2002 por el Gobierno de Aragón al municipio para depurar sus aguas. Según los cálculos que realizó para tomar la decisión de no ceder las competencias, la depuradora hubiera costado "unos 600.000 euros anualmente. Si nosotros no podemos pagar ese dinero, ni el pueblo de al lado tampoco, lo que quedaba claro es que este sistema era una empresa piramidal y un fraude".
En consecuencia, Fabara construyó su propio sistema verde, y, por este mismo motivo, "nos negamos a pagar el ICA". Para Doménech, sería "contribuir al sostenimiento de un fraude. Si el IAA ha encargado un proyecto ruinoso, que no venga ahora a pedir mi ayuda, porque nosotros no contaminamos". También ha denunciado que se le reclame por este concepto 226.000 euros al municipio, "que es como si a Zaragoza le pidieran 140 millones", o que se les pretenda hacer pagar, mientras que "se le perdona a Zaragoza el pago de los dos últimos años".
Doménech se ha referido al entonces presidente del Gobierno de Aragón Marcelino Iglesias, de quien ha dicho, le instó "a que dejase de batallar y cediese", pero no recibió "presiones" tal y como asegura haber escuchado de boca de otros alcaldes. También ha detallado un encuentro en el despacho de Iglesias, en el que "me presenté con ocho razones para no ceder, y cuando iba por el tercero me dijo que no necesitaba más. Nunca más nos volvió a molestar con el tema". Es más, ha asegurado que, pasado el tiempo, el mismo Iglesias "siempre hablaba de nuestra depuradora y lo mucho que le gustaba. Incluso le dijo a una alcaldesa que lo que tenía que hacer era copiar el modelo de Fabara".
Algunos diputados han sacado a relucir que el pasado mes de enero, según los análisis de la CHE, los análisis de depuración no arrojaron resultados negativos. El edil se ha remitido al informe elaborado ese mismo mes por la empresa Control 7 que fue favorable, y ha recordado que la propia CHE "legalizó nuestro sistema de vertido en 2010". De la institución que gestiona la cuenca también ha dicho que "son unos incompetentes".
Aguaviva
"15 años, cuatro proyectos, 250.000 euros pagados después seguimos como el primer día", ha lamentado el alcalde del municipio de Aguaviva, Aitor Clemente (Ganar Aguaviva). Él ha sido el encargado de abrir la jornada de este miércoles en la comisión sobre el plan de depuración de aguas aragonés del Parlamento aragonés. Según ha explicado, en el municipio turolense, que entonces contaba con unos 600 habitantes - hora ronda los 500- se pretendía construir una depuradora de "más de un millón de euros".
Clemente ha sido especialmente tajante al afirmar que "se engañó a los pueblos que actuaron de buena fe" porque el tiempo "ha demostrado que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) no poseía los medios, externalizó todos los contratos y provocó el fiasco del sistema diseñado".
Entre otros detalles, ha explicado que, tras ceder un terreno al IAA en 2009, un años después "la DGA pretendía cobrarnos 14.000 euros por ser beneficiarios del proceso expropiatorio". También ha reclamado que la Diputación Provincial de Teruel (DPT), tal como está haciendo su homóloga oscense, dé apoyo jurídico a los municipios afectados para reclamar en los tribunales las sanciones que la CHE les ha empezado a imponer por no depurar sus aguas.
Alfamén
Una visión muy diferente ha mostrado el alcalde de Alfamén, Alejandro Gil (PAR). Este municipio zaragozano de 1.400 habitantes posee desde 2012 una depuradora gestionada por concesión durante 20 años que "nos ha dado paz, sosiego y tranquilidad". Esta posee "cierta envergadura", ya que se proyectó para poder atender al doble de la población actual, lo que considera conveniente porque "ha tenido en cuenta las posibilidades de crecimiento que tiene el municipio, tal y como viene haciendo durante los últimos años".
Gil ha negado tener conocimiento del coste anual de explotación de la depuradora del municipio, pero, tal y como le han informado otros diputados, es de 2,5 millones de euros, siendo que sus vecinos solo recaudan casi 100.000 euros de ICA en ese tiempo.
Considera "bochornoso" que Zaragoza no quiera tener "un gesto solidario" con el resto de municipios mediante el pago del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA). Reconoce que "ha costado" explicar a los vecinos la necesidad de pagar esta tasa, pero "han entendido que era para hacer este tipo de inversiones".
Cretas
Un vecino de Cretas, Juan José Pérez Riba, quien impulsó una plataforma en contra de la construcción de la depuradora en este municipio turolense, se ha quejado de que, a pesar de su interés en conocer sobre el sistema previsto desde un principio "no se hizo proceso de participación ciudadana y los interesados tuvimos que buscar la manera de recabar información".
Además, cuando en una ocasión acudieron técnicos del IAA a "explicarnos las bonanzas" del proyecto, "les invitamos a valorar la posibilidad de plantear otro tipo de depuración verde, pero nos cerraron las puertas y nos dijeron que nos habían comido el coco pero no era viable". Tras pedir presupuestos Riba a título personal junto con otros vecinos, intentaron plantear un sistema que hubiese tenido "un coste de implantación de 700.000 euros y un mantenimiento de 12.000 euros".
Según los datos aportados por Riba, la construcción de la depuradora del municipio de 500 habitantes ascendió a algo más de un millón de euros, mientras que los costes de explotación "ascienden a 275 mil euros anuales, cuando nos dijeron que iban a ser 50.000 euros". Todo ello, teniendo en cuenta que sus vecinos aportan al ICA 17.000 euros anuales.
Lalueza
El exalcalde socialista de Lalueza, Daniel Périz -ahora miembro de Podemos-, ha asegurado que "cedió las competencias" a la DGA porque "me fiaba de lo que me decía mi partido", pero, "a toro pasado, no lo habría hecho". Por ello, muestra su satisfacción porque Lalueza cumpla con la obligación de devolver el agua limpia, "pero no lo estoy con lo que nos cuesta".
A pesar de tener la depuradora en funcionamiento, según Périz, "no se limpian todas las aguas" porque "hay un aliviadero que desecha parte de los vertidos" antes de llegar al sistema de depuración". Por ello, ya han sido avisados por la autoridad competente de que podría suponer una sanción al municipio.
Sariñena
El exalcalde de Sariñena Antonio Torres (PP) ha defendido que, "como político, mi misión era impulsar lo que creía que era mejor para el pueblo", y el modelo expuesto "era el mejor según aseguraban los ingenieros del IAA". Torres ha explicado que fue a visitar el otro sistema desarrollado hasta la fecha, el conocido como filtro verde a través de choperas, en los que "no se podía estar a 500 metros" por los olores que desprendía.
La depuradora con la que cuenta el municipio se construyó para una población equivalente de 9.000 habitantes, y cuenta a día de hoy con algo más de 4.000. Sin embargo, para Torres el dimensionamiento de instalación "fue una decisión técnica". La explotación anual de la misma supone un coste de 400.000 euros, mientras que sus habitantes aportan al ICA 150.000 euros. "Me parece mal que haya déficit", pero "si no existe solidaridad siempre perderemos los mismos", ha dicho.
Utebo
Por último, el alcalde de Utebo, Miguel Dalmau (PSOE), ha tomado la palabra para explicar las vicisitudes vividas durante la construcción de una depuradora de grandes dimensiones, ya que da función a un municipio de más de 18.000 habitantes, y otros cinco cercanos. El proyecto se puso en funcionamiento en 2017, mientras que sus ciudadanos llevan pagando el ICA desde 2006. Considera criticable la actitud de Zaragoza al no querer pagar el impuesto porque "si es por cuestión de sostenibilidad lo tenemos que pagar todos igual".
Varios diputados le han pedido su opinión respecto al problema surgido en plena crisis, cuando la DGA decidió rescindir el contrato con la empresa concesionaria por no iniciar las obras. No ha querido valorar que el Gobierno aragonés decidiera cambiar su criterio y, en vez de imputar a la empresa la culpa de esta situación, se llegara a un acuerdo. Eso sí, ha querido dejar claro que su municipio ha sufrido las consecuencias de los años de retraso en la construcción de la depuradora, habiendo tenido que hacer frente a varias multas, "la última de 90.000 euros".
