Desde que el sistema democrático entró en juego en el campo del Estado español, el uso y el abuso de la libertad han prestado servicio al ingenio de los más sagaces. Degradada, sesgada y corrompida, los mismos que más la pregonan, pretenden que su tránsito sea unidireccional, socavando con ello la pluralidad. Nuestro Tribunal Constitucional (TC) avala una vez más la legitimidad de la educación diferenciada, así como los conciertos con financiación pública para aquellos centros que la impartan. El imperio de la ley y su conformidad constitucional, guste o no guste, garantizan imparcialmente la genuina esenia de la libertad.
La oficina de prensa del TC adelantó el fallo de la expectante sentencia relativa al recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Parlamentario socialista interpuso en marzo del año 2014, al considerar que la educación diferenciada atentaba contra principios democráticos. No obstante, y tras una reiterada jurisprudencia favorable atinente al caso, es asombroso observar la aversión vertida hacia opciones diversas por quienes debieran mostrar un cierto grado de sensatez institucional. En Aragón existen centros donde se imparte educación diferenciada, cuyas subvenciones públicas brillan por su ausencia.
El día siete de septiembre del año 2012, este medio de comunicación digital publicó una Tribuna titulada “Educación diferenciada: una alternativa constitucional”, cuya firma corresponde al que suscribe. Entonces ya se argumentó clara y exhaustivamente la legitimidad de la referida educación, así como una comparativa internacional. Al margen de filias y fobias, un régimen plural donde los derechos y las libertades se amparan en disposiciones prescritas en Derecho Positivo, no pueden prevalecer criterios subjetivos que lleven torticeramente a interpretar aquel.
Las voces contrarias a la educación diferenciada que afirman la discriminación o la segregación por sexos, tienen un recorrido muy corto. Con una mera interpretación literal de los preceptos constitucionales, podemos concluir que la libertad de enseñanza está reconocida en España. El artículo 27 de la Constitución española (CE), pone de manifiesto que (art. 27.2) “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”...y que (art.27.3) “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
No hace falta un sobreesfuerzo hermenéutico para desentrañar el precedido contenido constitucional. Por tanto, la criticada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), o ley Wert, en este sentido no contraviene la CE, pues no discrimina ni es homófoba, antes bien es acorde con los principios democráticos del sistema político español.
Para quienes creemos en una libertad extensa, ajustada a Derecho, sin recelos personales y huérfana de manipulaciones sectarias, la decisión del TC ha sido ecuánime. Por tanto, para evitar confusiones alevosas en la ciudadanía, y para disipar el sectarismo corrosivo y el afán de poder de ciertas facciones políticas, sería deseable que la libertad no sea presa de un monopolio intolerante alimentado por el pensamiento único, sino que el sentido común marque la pauta de la convivencia.
A partir de ahora, las Administraciones Públicas en el ámbito educativo, ¿qué motivos argüirán para no concertar, en su caso, con centros de educación diferenciada? La libertad no es un coto cerrado diseñado al gusto de unos insolentes para imponerla a quienes opinan diferente. Las opciones y las alternativas loables hacen siempre grande a un pueblo, y la concordia entre ciudadanos más digerible.
