La Oficina Municipal de Información al Consumidor de la Ciudad de Zaragoza (OMIC Zaragoza) fue creada en abril de 1983, siendo alcalde Ramón Sáinz de Varanda, y concejala Delegada de Sanidad y Bienestar Social, María Jesús Arrondo, en el marco de la pionera campaña de sensibilización sanitaria “A tu salud”, dirigida a la población zaragozana, y con el fomento del Ministerio de Sanidad y Consumo y su titular, el malogrado Ernest Lluch al frente. Por tanto, este año se cumple el 35 aniversario del comienzo de sus actividades.
Cuentan las crónicas que su primera sede estuvo desde el mes de abril de ese año en las oficinas de la calle Cinco de Marzo número 14. Allí trabajaban inicialmente como técnicos un ingeniero agrónomo, un abogado, una médico, una farmacéutica, una técnico auxiliar de consumo y auxiliar administrativo, que desarrollaban sus funciones en las áreas de Alimentación, Jurídica, Servicios Públicos, Salud e Infancia, Formación, y Recepción y Atención de Consultas.
La OMIC trabajaba en la defensa del consumidor en esos comienzos conjuntamente con otros servicios municipales, tales como la sección de Bromatología del Instituto Municipal de Higiene, la Inspección Veterinaria, la Dirección de Medio Ambiente, sección de Gobernación, Dirección de Vialidad y Aguas, la secretaría de Relaciones Ciudadanas de Alcaldía, y el Centro de Prevención de la Salud.
Se colaboraba con órganos competentes de la Administración periférica del Estado, tales como la Jefatura provincial de Comercio Interior, y las Delegaciones o Direcciones Provinciales de los Ministerios de Industria y Sanidad. En aquella época la Administración Autonómica aragonesa se encontraba en incipiente proceso de creación, y no fue hasta los años 90 cuando se creaba la primera Dirección General de Comercio y Consumo.
Desde su creación ha estado ubicada pues en diferentes emplazamientos, en Cinco de Marzo 14, San Jorge 1, Plaza del Pilar 18 (Casa Consistorial), Boterón 5, y nuevamente en Casa Consistorial.
Su organización y funcionamiento han sufrido numerosas vicisitudes, especialmente como consecuencia de la Reforma del Régimen Local, que suprimía del listado de competencias municipales propias la información y defensa de los consumidores, creando una gran confusión y desconcierto.
Afortunadamente la legislación autonómica aragonesa reconoce la obligatoriedad de las OMIC como un servicio público básico y gratuito, para municipios de más de 5.000 habitantes y comarcas. Lo que ha sido ratificado para la Ciudad de Zaragoza con la Ley de Capitalidad de 2017, que blinda la OMIC como servicio municipal y competencia propia del Ayuntamiento.
En 2013 se creó en El Escorial (Madrid) la Plataforma Omicunidas (Organización de Mediadores e Informadores de Consumo de España), integrada por empleados públicos de las OMIC, y auspiciada por Astecan (Asociación de Técnicos de Consumo de Andalucía) y la Asociación de Técnicos de Consumo de Castilla-La Mancha, que ha realizado desde entonces una ingente y encomiable actividad colectiva en defensa del mantenimiento del servicio público de las OMIC como competencia básica y obligatoria de los Ayuntamientos, especialmente ante los cargos institucionales y responsables políticos competentes en esta materia que tenían capacidad de decisión y/o influencia para mantener este servicio municipal.
La entrada en vigor de la nueva Ley 7/2017 relativa a la Resolución Alternativa de Litigios en Materia de Consumo (conocida como Ley ADR) transpuesta de una Directiva de la Unión Europea, ha puesto en valor la figura del mediador/a de consumo, incorporándola al ámbito de aplicación de la Ley 5/2012 de Mediación con todas sus consecuencias y efectos jurídicos, con lo cual la OMIC pasa a ser también un órgano oficial de mediación.
La OMIC de Zaragoza como oficina central, ubicada en la Casa Consistorial de la Plaza de Nuestra Sra. del Pilar, de carácter trasversal, como un servicio especializado, ha seguido dando servicio a los ciudadanos/as de todo el término municipal, y ha contado desde 2008 con el apoyo de los Puntos Información al Consumidor (PIC) tanto especializados como desconcentrados territorialmente, gestionados por las Asociaciones de Consumidores.
La OMIC en el desarrollo de su actividad especializada tiene también relación funcional con la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), y con la Dirección General de Protección de los Consumidores del Gobierno de Aragón, integrada ahora en el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, que apoya técnica y económicamente a las OMIC/OCIC, y el Centro de Europeo del Consumidor dependiente de la Comisión Europea.
Durante este tiempo, decenas de miles de ciudadanos/as en su condición de consumidores y usuarios han pasado por esta Oficina para intentar resolver sus problemas, informándose y asesorándose, quejándose, reclamando o denunciando ante situaciones o casos que les perjudican, mediante el apoyo de los técnicos municipales, en la información, mediación, negociación, conciliación, arbitraje y acuerdo en los conflictos con comerciantes, industriales y profesionales, batiendo sus propios récords de estadísticas cada año.
Podemos constatar durante estos 35 años cómo muchos responsables políticos e institucionales no han sabido valorar la potencialidad social de las OMIC/OCIC, y su rentabilidad económica y política en favor de la ciudadanía, y su perfil más relacionado con los servicios sociales, estando a punto de desaparecer y/o privatizarse en muchos municipios. Deberían tomar ejemplo de alcaldes y concejales que sí se han tomado “en serio” la defensa del consumidor, como el de Soria, capital de provincia, que, tal como nos dicen, asume directamente el área de consumo y firma él mismo personalmente las cartas que se dirigen a empresas y consumidores y usuarios en los expedientes de mediación, con gran éxito entre la población.
