Cajal defiende el modelo concesional de depuración y achaca su fracaso a la crisis

El exdirector del Instituto Aragonés del Agua, Alfredo Cajal, ha defendido que la Comunidad fuera la única que optara por el modelo público-privado para construir depuradoras y achaca su "fracaso" a la crisis económica. Ha justificado la externalización de los proyectos a la empresa Sodemasa a pesar del sobrecoste de tres millones.

Zaragoza.- El que fuera director del Instituto Aragonés del Agua (IAA), Alfredo Cajal, ha defendido que la Comunidad optara por el modelo público-privado para construir depuradoras porque el Gobierno "no tenía recursos para invertir" al haberse eliminado los fondos de cohesión. El "fracaso" del modelo lo achaca a la crisis económica porque "impidió que las empresas pudieran financiarse con dinero de los bancos". Esta ha sido una de las intervenciones que ha tenido lugar en las Cortes la segunda Comisión de Investigación para analizar la política de saneamiento y gestión de aguas en la Comunidad.

Aragón fue la única Comunidad que optó por construir las depuradoras a través del sistema concesional a pesar de que el Ministerio se mostró en contra, según ha explicado el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), José Luis Alonso, que ha reconocido que para él "no era el modelo ideal" a pesar de que tenía "varias ventajas". Además, ha reconocido que "no tenía química" con el consejero de Medio Ambiente de entonces, Alfredo Boné, y ha negado que no hubiera financiación.

El momento de mayor tensión se ha producido cuando Marta de Santos le ha preguntado a Cajal por qué externalizaron la redacción de los proyectos a la empresa pública Sodemasa a pesar de la "pérdida de capacidad de gestión del Instituto", de que el IAA tenía "más personal" que la empresa y de que supuso "un sobrecoste de 2,7 millones de euros". Cajal ha asegurado que el IAA "no podía contratar las 131 depuradoras" y que "aunque nunca los redactaba sí que controlaba el proyecto".

En este mismo sentido ha intervenido el que fuera secretario general del II entre 2005 y 2011, Fernando Otal, que ha defendido que la plantilla era escasa porque "se hubieran necesitado 200 personas". Ha añadido que el Instituto "no podía hacer una asistencia técnica para construir 36 depuradoras, sino que necesitaba a 36 personas". Por ello, ha justificado la necesidad de recurrir a la empresa Sodemasa.

Cajal culpa a la RAPA

El exdirector del IAA cree que las depuradoras del Pirineo se estarían construyendo si la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) no hubiera mandado un Memorándum al Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 2013 asegurando que el Plan de Saneamiento y Depuración estaba "sobredimensionado". Ha cifrado en 50 los años que hubieran sido necesarios para construir las 131 depuradoras negando que se hubiera cumplido el plazo de 2005.

Cajal ha asegurado que vía telefónica, no por escrito, el BEI le explicó que no darían la financiación prevista por los "conflictos sociales" que suponían que dos pueblos, a través de la RAPA, no estuvieran de acuerdo. A pesar de ello, la diputada de Podemos Marta de Santos ha explicado que la financiación se bloqueó "porque no se cumplía la normativa medioambiental", algo que no ha negado el que fuera jefes de obras del IAA, José Antonio Martínez.

Sobredimensionamiento de las depuradoras

El grado de aprovechamiento de las depuradoras está situado de media en el 60%, un dato que Martínez, que fue jefe de obras del IAA, cree que "no está mal". Eso sí, ha reconocido que "hay algunas que están muy justas y otras más sobradas". Un ejemplo es Zuera, donde ha admitido que se "equivocaron" en la dimensión. 

Martínez ha negado que algún político le haya dicho "cómo de grandes o pequeñas tenían que ser las depuradoras". Además, cree que fue un plan "ambicioso" para el tiempo que se "autoimpuso" la Administración. Por ello, cree que hubiera sido necesario "priorizar" las depuradoras de los municipios con más habitantes.

Una fecha inalcanzable

Ana Marina Sevilla, de Áreas del IAA entre 2004 y 2007, ha explicado que realizó un informe sobre el estado de la depuración en 2004 que demostró que en 30 años se habían hecho 35 depuradoras y faltaban 171. Por ello, ha determinado que no era posible que se realizaran antes de 2005, que era la fecha fijada, porque se hubiera tardado "medio siglo". A pesar de ello, ha defendido que "Aragón creció exponencialmente en tiempo récord" a través del modelo público-privado.

También han intervenido durante las ocho horas que ha durado la Comisión la secretaria general del Instituto Aragonés del Agua entre 2003 y 2005, Carmen Peña; el director del área de Planificación del IAA en 2003, José Francisco Aranda; de la Intervención de la Diputación General de Aragón, Cristina Quirós Castro; de Servicios Jurídicos Paula Bardavío; el que fuera director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental entre 2004 y 2012, Carlos Ontañón Carrera, y el secretario general del IAA entre 2005 y 2011, Fernando Otal Corvinos. En principio, la próxima Comisión de Investigación está prevista para el 2 de mayo.