Zaragoza.- El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales ha incrementado un 30% su presupuesto desde 2015 y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha alcanzado el mayor de toda su historia. Dos hechos de los que presume la consejera del ramo, María Victoria Broto, que ha criticado la falta de inversión del Estado en Dependencia y Violencia de Género.
Broto se mantiene firme en su decisión de no modificar ni retirar "de ninguna manera" la Ley de Renta Social Básica, el proyecto estrella de este Gobierno, que continúa bloqueado en las Cortes de Aragón, ya que no recibe el apoyo necesario para aprobarse. Sacar adelante esta ley y las demás a las que se comprometió es un objetivo "imprescindible" que se marca para antes de finalizar la legislatura.
Pregunta.- Todavía con la resaca del 8 de marzo, su Departamento tiene pendiente sacar adelante una Ley de la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. ¿Cuándo estará lista?
Respuesta.- Primero hay que decir que del 8 de marzo estamos muy satisfechos. Fue muy importante que las mujeres se movilizaran por los derechos, por la igualdad y por acabar con la brecha salarial. Queremos el mismo trabajo y los mismos derechos, no queremos ser las cuidadoras de la sociedad.
Esta movilización coincide con esta Ley en el Parlamento de las Cortes. Ya se ha constituido la ponencia, los grupos tienen que plantear sus enmiendas y cuando se elabore el dictamen se llevará a Pleno para su aprobación. Esta norma pretende priorizar la importancia de las mujeres, plantear medidas positivas para lograr esa igualdad en todos los terrenos y evitar cualquier tipo de discriminación. Queremos obligar a las empresas y a la Administración a plantear planes para lograr esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
P.- Esta ley contempla sanciones en casos de desigualdad, como la brecha digital, que en Aragón ronda el 25%. ¿Estas sanciones lograrán disminuir el porcentaje?
R.- La brecha salarial es un grave problema porque no solo es que las mujeres cobren menos que los hombres por el mismo trabajo, sino que tenemos un techo de cristal que impide la promoción de las mujeres en sus puestos de trabajo y en su vida personal. Lo que plantea la ley es que si hay empresas que no combaten esa brecha salarial y que promueve cualquier discriminación a las mujeres tiene que tener una sanción económica por este hecho. Desgraciadamente somos un país en el que para que las cosas se consigan hay que sancionar porque el bolsillo es muy importante.
P.- Otra ley que tiene pendiente su Departamento es la de Renta Social Básica. Actualmente está bloqueada en las Cortes de Aragón, ¿el Gobierno se plantea retirarla para modificarla y sacarla adelante?
R.- De ninguna manera nos planteamos modificarla ni retirarla. Otra cosa es que en el proceso de enmiendas podamos negociar con los grupos, pero nunca retirarla porque significaría no cumplir con el programa electoral ni con las entidades que colaboraron en la redacción del proyecto. Por eso, les pido a los grupos parlamentarios que se pongan de acuerdo y permitan aprobar la ley.
Ahora mismo tenemos implantado el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), que atiende a 7.000 familias aragonesas y a unas 18.000 personas. Con la Renta Social Básica llegaríamos a 10.500 familias, es decir, 3.500 más de las que atendemos ahora mismo. Cuando una sociedad tiene una pobreza crónica y las familias no pueden vivir es muy difícil que avance. Por eso no renunciamos, sino que trabajamos de todas las maneras posibles para que la Renta Social Básica se apruebe.
La ley plantea que las personas que tienen dificultades por no tener acceso al trabajo puedan tener una retribución para vivir dignamente y complementar la renta del trabajo en el caso de las familias que, incluso trabajando, son pobres.
P.- Uno de los objetivos de esta Ley era superar los recortes sociales del Partido Popular. Presumen de cifras en la Dependencia pero… ¿qué falta para recuperarse del todo?
R.- Cada día se suman en Aragón trece personas al Sistema de Atención a la Dependencia. Hemos dado la vuelta a estas cifras y hemos puesto en marcha prestaciones como la teleasistencia o la ayuda a domicilio, hemos incrementado en 500 personas los mayores que tienen plaza en una residencia… ¿Qué nos falta? Presupuesto. El Gobierno de Aragón está poniendo el 85% del presupuesto cuando tendría que poner el 50%, pero en 2017 el Estado aportó 32 millones frente a los 208 de Aragón. Si el Gobierno de España cumpliera y recuperáramos lo que se recortó en 2012 en servicios sociales podríamos atender a todos los dependientes.
P.- Y además de en Dependencia, si tuviera más presupuesto, ¿en qué lo invertiría?
R.- Si dijera que no necesito más presupuesto diría una barbaridad porque en Servicios Sociales siempre es insuficiente, pero me siento satisfecha porque lo hemos incrementado un 30% en esta legislatura. Si tuviera más lo invertiría en acabar con la lista de personas dependientes. Es verdad que en el resto de temas también se puede mejorar pero estamos atendiendo a menores, discapacitados, mayores… Además, hemos incrementado el presupuesto en comarcas y ayuntamientos, que son quienes lo ponen en práctica.
P.- El Partido Popular está siendo muy crítico con las políticas sociales del Gobierno. Denuncian que entre 2016 y 2017 se han dejado de ejecutar 100 millones de euros, ¿cómo valora estas declaraciones?
R.- No puedo entender cómo puede ser crítico con los servicios sociales un partido que los ha desmantelado, que ha dicho que la Ley de la Dependencia era bienintencionada pero inasumible y que no tuvo en cuenta la Ley de Servicios Sociales. Mientras que este Gobierno la ha desarrollado desde el punto de vista normativo y ha planteado prestaciones. Cuando dice estas cosas creo que no lo piensa y que no ha analizado los presupuestos.
Es como cuando dicen que el Gobierno de España ha cumplido con la Ley de Dependencia o con lo comprometido en violencia de género. El Congreso de los Diputados aprobó un pacto contra la violencia con el que iban a aportar 200 millones de euros. De ellos, 100 tenían que llegar a las comunidades, pero lo que tenía que recibir Aragón ahora lo tiene que pagar. Por eso, creo que el Partido Popular debería guardar silencio en cuanto a Servicios Sociales porque ha sido un antes y un después.
P.- ¿Teme que si hay un cambio de Gobierno en las elecciones autonómicas de 2019 se produzca un retroceso en lo avanzado en Servicios Sociales?
R.- Claro que lo temo. Me preocupa que los Servicios Sociales, que son el cuarto pilar del Estado de Bienestar, no estén consolidados como el sistema educativo. Por eso estamos trabajando en ello, porque son derechos subjetivos de la ciudadanía. También creo que la ciudadanía sabe lo que hemos hecho y lo van a tener en cuenta de cara al futuro.
P.- ¿Ha blindado de alguna manera los Servicios Sociales para evitarlo?
R.- El blindaje tiene muchas artistas, pero sí que estamos trabajando en este sentido. Eso sí, es un trabajo relativo porque tenemos una Ley de Servicios Sociales excelente que se aprobó en 2009 para garantizarlos. La ley define claramente cuáles son los derechos de las personas, pero cuando llegó el Partido Popular en 2011, aunque seguía existiendo y no la derogaron, no la cumplieron. Por eso el blindaje es relativo, porque ya tenemos una ley que los garantiza.
También es importante que sea la propia ciudadanía la que reclame esos derechos. La sociedad se escandaliza cuando un niño no se escolariza y, de igual manera, una persona que se tiene que operar lo reclama. Tendría que pasar lo mismo con los Servicios Sociales porque no puede haber una persona discapacitada o dependiente que no tenga servicios. Si en un momento determinado hay recortes en los Servicios Sociales la gente tiene que salir a la calle a reclamarlos, aunque ojala no tengan que salir.
P.- ¿Este blindaje también garantiza que los Servicios Sociales lleguen al mundo rural?
R.- Sí. La Ley de Dependencia se cumple en todo el territorio. Es imprescindible para ello la estructura comarcal porque las personas accedes al sistema de Servicios Sociales a través de los centros. Por eso hemos hecho un decreto que incremente los recursos humanos en ellos. Nos falta hacer con urgencia un centro en la plaza del Pilar de Zaragoza que aglutine todos los centros que gestionan a nivel autonómico los Servicios Sociales. Lo hemos conseguido en Huesca trasladándonos al Banco de España y es muy importante que haya uno del Gobierno de Aragón donde la gente sepa que tiene que dirigirse.
P.- ¿Ya hay fecha para ese traslado?
R.- Queremos hacerlo lo antes posible. Estamos trabajando en el proyecto, lo tenemos presupuestado y hay que ejecutarlo con la mayor rapidez. No tenemos que hacer grandes obras pero interesa hacerlo pronto no solo por la visibilización, sino porque el entorno de la plaza del Pilar y sus hosteleros están deseando que haya un servicio como el nuestro, que supondría muchos trabajadores y mucha gente.
P.- Las denuncias por violencia de género se incrementaron un 22% en 2017, ¿cómo valora este dato?
R.- Me gustaría que no tuviera que haber denuncias, pero el hecho de que hayan aumentado no se debe a que haya más casos, sino que la gente se atreve a denunciar y ya no consiente determinadas cosas ni en el medio rural ni urbano. Hasta hace muy poco parecía que la violencia de género era solo cosa de la ciudad, pero en el medio rural sucede y mucho. Cuando llego a un pueblo y veo una pancarta de "No a la violencia de género" me emociono porque creo que eso es una transformación real de la sociedad. Antes las mujeres aguantábamos lo que no teníamos que aguantar porque se nos ha educado en eso, pero ahora no estamos dispuestas a aguantarlo más.
P.- De todas las medidas que lleva a cabo el Gobierno de Aragón para luchar contra la violencia de género, ¿cuál es la más efectiva?
R.- La más eficaz es la información, pero después está la atención. Es decir, lo más importante ha sido concienciarlas y decirles que no se pueden consentir determinados comportamientos, pero después hay que darles herramientas como la asesoría psicológica, social, laboral… Que la mujer sienta que debe denunciar si es agredida tanto física como psicológicamente porque no puede permanecer en silencio. Además, es importante la coordinación y por eso hemos hecho protocolos, porque no solamente tenemos un papel nosotros, sino también los jueces, para que vean que si denuncian se van a sentir respaldadas.
P.- Falta poco para poner punto y final a esta legislatura, ¿qué imprescindible quiere cumplir antes de que acabe?
R.- Quiero aprobar todas las leyes que nos hemos planteado. Ya hemos aprobado muchas y otras están en el Parlamento. Además, la de Renta Social Básica para mí es fundamental. Aun así, lo más importante es que le hayamos dicho a la gente algo muy importante: que se puede crecer, mejorar el empleo y mantener los derechos sociales. Parece que siempre nos han dicho lo contrario, que solo podían mantenerse si nos apretamos el cinturón, pero mucha gente estábamos convencidos de que las cosas no eran así y que desmantelando los Servicios Sociales la sociedad estaba más desprotegida y no mejorábamos, pero el tiempo nos ha dado la razón.
