Zaragoza.- “Si el Gobierno tiene la facultad de adjudicar inmediatamente estos contratos, no acabamos de entender desde el punto de vista de la eficacia qué gana haciéndole el encargo a Sarga”. Esta es la opinión del presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, respecto a la gestión de las actuaciones de emergencia que llevó a cabo el Departamento de Agricultura del Ejecutivo autonómico tras la crecida del Ebro de 2015.
Según Peña, que la gestión de la contratación de estos trabajos se hiciera a través de Sarga (Sociedad Aragonesa de Gestión Medioambiental) perjudicó a la “racionalización del procedimiento”, porque “es mucho más eficaz hacerlo por el órgano de contratación directamente, sin hacerle el encargo a Sarga”. Así por tanto, que el Departamento de Agricultura se hubiera ocupado de la contratación directa de los contratistas.
Tal y como ha aclarado, la tramitación de emergencia pretende dar a las Administraciones Públicas unas facultades excepcionales para que puedan reponer la situación con la mayor celeridad posible y adjudicar sin ningún tipo de procedimientos, ni tan siquiera de crédito, un contrato a un empresario que estén en condiciones de realizarlo de manera inmediata. Concretamente la ley marca que “se puedan estar ejecutando antes de un mes”. Por todo ello, “la adjudicación del contrato es mucho más razonable que lo haga el Departamento de Agricultura al empresario” y no a través de una sociedad de dicha área.
También hay un “problema de legalidad” en esta actuación. Para la Cámara de Cuentas, “claramente, no se puede utilizar una sociedad mercantil del sector público en la tramitación de emergencia de contratos”, ha recalcado Peña. Estas declaraciones las ha hecho ante la Ponencia de relación con la Cámara de Cuentas de las Cortes, a donde ha acudido a presentar el informe de fiscalización realizado a la entidad pública Sarga del ejercicio 2015.
