Zaragoza.- Casi una década después de que los jueces protagonizaran su primera huelga en España, este colectivo, junto al de los fiscales, amenaza de nuevo con colgar las togas un día completo, el próximo 22 de mayo. Se suman los magistrados y fiscales aragoneses, que ya han comenzado su calendario de movilizaciones.
La sobrecarga de trabajo, el atraso tecnológico del sistema judicial y las injerencias en la Justicia fueron los principales motivos que, el 18 de febrero de 2009, llevaron a la huelga a los jueces durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces se han dado pasos, pero siguen las reivindicaciones de una mayor independencia judicial y de la modernización de la Justicia.
La concentración del jueves 5 de abril marcó el inicio de un calendario que también contempla paros todos los jueves, de 12.00 a 13.00 horas. A las puertas de Edificio Fueros de Aragón, en Zaragoza, el juez decano, Roberto Esteban, leyó los catorce puntos que figuran en el documento reivindicativo que firman, de forma conjunta, varias asociaciones de jueces y fiscales.
“Reforzar la independencia judicial"
En primer lugar, estos profesionales exigen la presentación de un proyecto o proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que “recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y representatividad”.
El CGPJ “debe amparar de modo efectivo” a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia. El manifiesto también pide la retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial “que coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al CGPJ”.
Asimismo, exigen la “objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría cualificada”. En este sentido, piden la “supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos”.
Al respecto, el juez decano lamenta la "imagen de politización de la Justicia" en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “No puede depender de los partidos políticos las elecciones de presidentes de tribunales superiores, audiencias y magistrados del Tribunal Supremo. Creo que tenemos algo más que decir y así se aportaría algo más de imparcialidad y objetividad a esos nombramientos", añade. Eso sí hace un llamamiento a la tranquilidad de los ciudadanos porque "al final quienes van a resolver sus asuntos es un juez".
Modernizar la Administración de Justicia: calidad y eficacia
Jueces y fiscales reclaman un plan de inversión suficiente y prolongado, en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente destinado a, entre otros aspectos, incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándolo a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años; modernizar los edificios judiciales y fiscalías; un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado, y procurar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes.
La racionalización de la planta judicial es otra de las peticiones de estos profesionales. Se concreta en la implantación de los tribunales de instancia “garantizando el acceso a la justicia de todas las personas”, la creación mientras de órganos suficientes para atender al incremento de litigiosidad (hoy en 126 asuntos por cada 1.000 habitantes) y evitar la precarización judicial y fiscal con la eliminación de las adscripciones forzosas y la supresión de las figuras “de sustitución y refuerzo”.
Revisión del modelo de Oficina Judicial
Otro punto clave de las reivindicaciones es la revisión del modelo de oficina judicial sobre las experiencias piloto. El juez decano de Zaragoza recuerda el caso de Murcia, Extremadura y Castilla y León, donde se ha comprobado que el expediente judicial es "ineficiente" y "exige emplear más tiempo para el desarrollo de nuestra actividad". Roberto Esteban pide así "compatibilizar" los distintos sistemas de gestión procesal y que el juez sea "quien tenga la última palabra" en la implantación de la Oficina Judicial.
Del mismo modo, jueces y fiscales piden dotar de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, con dependencia directa de la autoridad judicial y fiscal.
Para mejorar las condiciones profesionales, estos colectivos piden la convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de “recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función” y el impulso “inmediato” de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere. Exigen la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente al momento de la supresión y reducción por ley, así como el permiso de paternidad. También demandan la implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo y garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial.
Por lo que se refiere, en concreto, a Ministerio Fiscal, el comunicado que firman en conjunto jueces y asociaciones reclama la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto, la paralización de la implantación de la justicia digital mientras no se garantice el correcto funcionamiento de los programas y equipos, la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado, el refuerzo de la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.
