Zaragoza.- El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes ha pedido al Gobierno de Aragón que exija al Estado el cumplimiento de sus obligaciones en la financiación de la Dependencia.
Por ello, la diputada autonómica Desirée Pescador preguntará a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, en sesión plenaria, qué grado de cumplimiento está teniendo con el Gobierno de Aragón la Administración General del Estado en esta financiación.
"Queremos saber qué medidas está tomando el Gobierno de Aragón para exigir a la administración central la financiación que le corresponde en relación a la Dependencia en la Comunidad Autónoma. Pese a que las listas de espera han experimentado cierta mejoría, sigue habiendo muchos aragoneses en ellas", ha explicado.
En ese sentido, Pescador ha recordado que el Artículo 1.2 de la Ley 39/2006, establece que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia responderá a una acción coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que contemplará medidas en todas las áreas que afectan a las personas en situación de dependencia, con la participación, en su caso, de las Entidades Locales.
Por ello, ha señalado que el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, aseguró el pasado 19 de enero en Zaragoza que el Estado sí aporta el 50 por ciento de la financiación de la Ley de Dependencia, mientras que desde el Gobierno de Aragón se ha afirmado que el Estado aportaba solamente el 16%.
Pescador ha subrayado que la correcta coordinación entre administraciones es "fundamental" para garantizar la prestación de este servicio y para reducir las listas de espera, por lo que ha pedido que la Dependencia tenga en Aragón la financiación que le corresponde "en beneficio de todos los ciudadanos que la necesitan".
Además, ha recordado que, según el último dictamen del observatorio de la dependencia, el Estado pagó a Aragón 17,8 millones de euros menos de lo que debería haber aportado en financiación para la dependencia.
"Esa cantidad hubiera permitido atender a 3.086 personas más y crear 486 empleos directos en el sistema. A lo que hay que sumar el recorte aplicado desde Madrid y que alcanza los 100 millones de euros", ha concluido.
