Zaragoza.- Sólo un 0,6% de los edificios de viviendas aragonesas cumplen los criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidad, a pesar de que en diciembre de 2017 finalizó el plazo para que las comunidades de propietarios cumpliesen con los requisitos de accesibilidad universalrecogidos en el RDL de 2015 que exige el cumplimiento íntegro de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social.
Así lo recoge el estudio “La accesibilidad en las viviendas de España”, elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Cátedra Unescode Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, para conocer el estado actual de la accesibilidad en las diferentes zonas del edificio: desde su acceso desde la calle hasta el interior de la vivienda.
En Aragón existen 300.957 edificios destinados a viviendas, de los que un 60% no son accesibles de la calle al portal porque, para empezar, existen escaleras en este punto. Además, solo el 43% de las fincas tienen rampa, que en algunos casos no es plenamente funcional.
La investigación, realizada entre más de 2.000 viviendas, desvela que el 8% de los edificios no poseen portero automático y, de los que lo tienen, el 56% no es accesible para una persona en silla de ruedas.
Asimismo,de las viviendas que tiene telefonillo, únicamente un 35% es videoportero, dando un escaso 13% de accesibilidad universal en este punto.
“Se han evidenciado importantes carencias que impiden alcanzar una sociedad más igualitaria y justa en cuanto al acceso físico a la vivienda se refiere” señaló el presidente de la Fundación Mutua de Propietarios, Miquel Perdiguer Andrés.
En este punto, el informe señala que el 70% de los encuestados desconocen la norma (art. 10.1 Ley de Propiedad Horizontal) que permite a los propietarios mayores de 70 años o con discapacidad forzar adaptaciones de accesibilidad universal hasta un determinado importe, sin la necesidad del consentimiento de la comunidad de propietarios.
En este punto, Sergio Nasarre, de la Cátedra Unesco de Vivienda de la URV, apuntó “que la realización de las oportunas reformas es responsabilidad y deben ser asumidas por la comunidad de propietarios si se refieren a elementos comunes del edificio, siempre que lo solicite un propietario en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad o mayores de 70 años, siempre que sean razonables y que el gasto no supere las doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, dado que hoy por hoy todos los edificios deberían ya cumplir con las condiciones básicas de accesibilidad”.
No obstante, Nasarre apunta a que “el problema es un parque de viviendas envejecido y cómo ha afectado la crisis a la solvencia económica de las comunidades de propietarios que en su mayoría arrastran problemas de morosidad”, e incide en que“son necesarias más ayudas públicas para aumentar la accesibilidad de las comunidades”.
Continuando por este recorrido de la vivienda, alrededor del 25% de los encuestados encuentra dificultades en abrir el portal de acceso al edificio debido a su peso o por dificultades en utilizar la cerradura. Asimismo, un 56% ha indicado que la puerta no se sujeta sola o se cierra demasiado rápido. Por este motivo, la accesibilidad de la puerta de entrada al edificio desciende al 37%.
