Zaragoza.- El Gobierno de Aragón está "satisfecho" con el trabajo realizado en la Mesa Técnica del ICA que se creó por un compromiso con Podemos, que creía que la solución del impuesto debía ser adoptada entre todos los agentes sociales. Consideran "unánime" el acuerdo alcanzado este martes a pesar de la ausencia de RAPA y UCA. Además, insisten en que el documento recoge "las conclusiones en las que todos están de acuerdo".
Estos dos colectivos creen que el documento elaborado por el Gobierno a raíz de la negociación en la Mesa Técnica "no tiene contenido y es una sucesión de principios filosóficos sobre la depuración". La directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, ha asegurado que en la última reunión "todos estaban de acuerdo con esos objetivos de carácter general y se hizo el ofrecimiento de mayor concreción del que no han hecho uso hasta esta sesión".
Torralba no ha querido pronunciarse sobre por qué RAPA y UCA han cambiado de opinión desde el pasado 22 de febrero y ha insistido en que el Gobierno está "satisfecho" porque en todas las reuniones se ha buscado "la participación activa de todos los convocados, han enviado sus propuestas y se han debatido".
Con este documento de objetivos, que todavía no se ha firmado, el Gobierno de Aragón "debe proyectar la nueva regulación de la fiscalidad en torno a la contaminación de las aguas" y redactar el proyecto de ley en materia tributaria. De ahí, el documento llegará al seno de las Cortes de Aragón que es quien tiene potestad para modificar el impuesto.
Desde el Gobierno cifran en 80.000 los contribuyentes que todavía no han pagado porque no se han dado por notificados y no han interpuesto recurso, una cifra que desde RAPA asciende a 100.000 recibos no pagados. Además, la DGA está mandando unas 12.000 cartas certificadas por semana para que la notificación llegue con acuse de recibo.
Los diez puntos del acuerdo
El documento redactado por el Gobierno recoge diez puntos básicos que se centran en la eficiencia y sostenibilidad en el ámbito de la gestión de los servicios públicos del agua; en la necesidad de que las administraciones públicas deben coordinarse y colaborar entre sí para evitar molestias al ciudadano; en la racionalidad y simplicidad en la gestión del tributo; en la transparencia de los gestores de los servicios públicos del agua; en el principio de recuperación de costes y en la progresividad.
Además, el documento finaliza con la importancia de cuatro principios: de quien contamina paga, de solidaridad y corresponsabilidad, de universalidad y de equidad tributaria.
