La comisión de depuración de las Cortes acuerda los 85 responsables que acudirán a dar explicaciones al Parlamento

Un total de 85 personas pasarán por las Cortes los próximos meses para "dar luz o dar explicaciones" sobre la gestión de la depuración de las aguas en Aragón durante los últimos 20 años. Lo ha explicado la presidenta de la comisión, Marta de Santos, tras la última sesión en la que se ha cerrado definitivamente la lista.

Zaragoza.- La comisión de investigación de la gestión de la depuración del agua de las Cortes de Aragón, tras cuatro reuniones, ha llegado a un acuerdo sobre las 85 personas que acudirán a “dirimir posibles responsabilidades políticas entorno a la depuración”. Así lo ha explicado la presidenta de la comisión tras finalizar la última reunión, la diputada Marta De Santos. Las primeras tres sesiones ya tienen fecha, y se celebrarán los días 21 de marzo, 9 de abril y 2 de mayo. 

Todos los llamados a declarar, entre los que no se encuentran expresidentes del Gobierno de Aragón, recibirán los próximos días una notificación y están obligados a acudir, aunque, según ha querido resaltar De Santos, “no vienen en calidad de imputados, sino de comparecientes; algunos de ellos a dar luz y otros a dar explicaciones”. 

Entre los nombres, destacan el de la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, o el de todos los consejeros de Aragón de esta área, así como responsables y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Instituto Aragónes del Agua (IAA), Sodemasa, Sarga e Inaga de los últimos veinte años. Los nombres “dejan ver la magnitud del tema que vamos a afrontar en la misma”, ha recalcado De Santos. 

El exconsejero de Medio Ambiente Alfredo Boné, el exdirector del IAA Alfredo Cajal, el exdirector general Luis Marruedo, son solo algunos de ellos. En definitiva, según De Santos, “todos los responsables de las administraciones que tienen algo que decir sobre la depuración en Aragón”. 

También acudirán responsables del cumplimiento legislativo como son los de Intervención y Servicios Jurídicos de la DGA, alcaldes de municipios que se han visto afectados y responsables de empresas adjudicatarias de las obras.