Zaragoza.- La primera reunión técnica para abordar la reforma del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) ha terminado sin acuerdo. El principal motivo: la negativa del Gobierno de Aragón de paralizar el cobro del impuesto en Zaragoza mientras se negocia. Y es que, tal y como han asegurado las organizaciones en contra de él, hasta que eso no ocurra las propuestas que se pongan encima de la mesa no sirven.
Posiciones fijas que ha defendido en una pausa de la reunión el portavoz de la Red de Agua Pública de Aragón, que le ha pedido a la DGA esta paralización del pago como "gesto" para comenzar a hablar en serio. "La mesa nos ha dicho que no es el órgano competente para hacerlo, así que entendemos que hasta que eso no ocurra, todo esto serán meras conversaciones", ha señalado.
Ha recordado que lo que plantea tanto RAPA como los representantes de consumidores, empresarios, la Federación Aragonesa de Comarcas, Municipios y Provincias (FACMP), y el Ayuntamiento de Zaragoza (ausente en la reunión) es la reformulación completa de la Ley de Aguas y del Plan de Depuración. "Nuestros planteamientos tienen como metas la remunicipalización de la gestión de la depuración, la sustitución del ICA por tasas municipales, más justas para los ciudadanos, y la asunción por parte de los responsables de los sobrecostes y deficiencias del sistema actual, que es lo que grava el impuesto", ha comentado.
Un cambio de planteamiento general de una norma que pasaría de ser autonómica a municipal. Ese, han inisistido, "es el punto de partida para comenzar a hablar, lo demás son parches por los que ya hemos pasado sin éxito y nos han traído hasta aquí".
Posición DGA
Mucho más optimista se ha mostrado la directora del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, en este receso de la reunión. Como responsable de la gestión del impuesto, Torralba ha aceptado que hay aspectos susceptibles de poder mejorar "haciéndonos eco de las propuestas, para avanzar hacia una tributación más perfecta", eso sí, en ningún momento se ha planteado derogar temporalmente el ICA.
"Estamos abiertos a darle más progresividad, tenemos como margen los beneficios fiscales, también las regulaciones de las excepciones subjetivas y objetivas, todo se puede escuchar y analizar el impacto económico en las arcas y en el medio ambiente, pero siempre sin carácter retroactivo y sin anular el pago", ha insistido.
Ausencia del Ayuntamiento
Ningún representante del Ayuntamiento ha acudido a esta primera reunión. Una sonada ausencia que desde la DGA han lamentado ya que consideran al Consistorio parte principal del conflicto. "Si el objeto de la mesa es sentarnos a hablar, a escuhar las posturas contrapuestas en común y buscar un consenso es una pena que no esté el Ayuntamiento para aportar su visión", ha expresado Torralba.
Por su parte, el resto de las organizaciones presentes, han dicho que les parece bien y mal al mismo tiempo. "Es un interlocutor importante pero también es verdad que eso nos ha permitido evitar esa imagen de que ésta es una pelea entre ellos y el Gobierno. No es así, el problema lo tienen los ciudadanos con su Gobierno, no el Ayuntamiento", ha explicado.
Recursos entregados
Hasta ahora desde el IAI aseguran haber recibido unos 10.000 recursos contra el pago del ICA en Zaragoza, mientras que desde RAPA las cifras suben a los casi 14.000, además de otros 5.000 que, dicen, se están presentando de manera individual en los diferentes registros de la DGA.
En la actualidad se está cobrando el pago de lo correspondiente a 2016. Y, según el Gobierno, los ciudadanos tendrán que pagar entre 18 y 56 euros anuales.
