Zaragoza.- El ecuador de la legislatura del Gobierno PSOE-CHA se recordará en Aragón, y en prácticamente todo el país, como el año de la incertidumbre política y económica. El desafío independentista de Cataluña ha provocado que toda la Comunidad apunte sus miradas hacia el este. No obstante, buena parte de los ojos también han estado bien atentos al oeste de la capital, en Figueruelas, para vigilar los movimientos empresariales de Opel España.
El año comenzaba en la Ribera Alta del Ebro. A mitad de febrero, medios franceses adelantaban que el grupo automovilístico PSA, fabricante de Peugeot y Citroen, entre otros, estaba negociando la compra de las divisiones de General Motors en Europa con el objetivo de consolidar su liderazgo en el continente. Así, el 6 de marzo, se anunciaba de forma oficial la compra de Opel/Vauxhall en Europa por parte de PSA por 2.200 millones de euros.
De la cuantía por la que se ha cerrado la compra, 1.300 millones se han pagado por Opel y otros 900 millones por las actividades en Europa de GM Financial. La operación abarca todas las actividades de automoción de Opel/Vauxhall: seis plantas de montaje y cinco de fabricación de componentes, un centro de ingeniería (Rüsselsheim, Alemania) y aproximadamente 40.000 empleados. Además, GM conservará el centro de ingeniería de Turín, Italia.
El presidente del Consejo de Administración de PSA, Carlos Tavares, aseguró en rueda de prensa que aprecian "todo lo que han logrado los excelentes equipos de Opel/Vauxhall y también las atractivas marcas y el importante legado de la empresa". Además, destacó que su intención es "gestionar PSA y Opel/Vauxhall aprovechando sus respectivas identidades de marca".
Pero la relación entre Figueruelas y PSA no era nueva. A principios de mayo, la planta zaragozana presentó de forma oficial el
Pero cuando parecía que esta relación iba a ser fluida, un giro en los acontecimientos ha dinamitado las buenas esperanzas. El 9 de noviembre Opel presentó su
Cataluña Pero al hablar de un proceso que ha copado portadas prácticamente a diario, los ojos están puestos en Cataluña. No en vano, Aragón vende a Cataluña cada año más de 4.000 millones de euros y compra más de 10.000 millones. Ambas comunidades son sus principales clientes y proveedores y ya tienen forjada una relación económica vital desde hace muchos años. Por ello, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya advirtió que el crecimiento de la economía aragonesa podría sufrir un descenso de entre el 0,4 y el 1,5% durante el 2018 por el desafío independentista. Esta situación está generando una enorme incertidumbre en un sector como el económico que no se detiene por ningún motivo. Desde el 1-O, ya son más de 3.000 empresas hayan tomado la decisión de trasladar su sede fiscal fuera de Cataluña. De esas 3.000, unas 80 empresas han llegado a Aragón. Ya lo advirtió el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel. "Estamos recibiendo muchas consultas directas de las oportunidades que hay aquí, de posibles tramitaciones, algunas llaman para pedir consejo", afirmó. Teruel también detalló que, en temas de cuentas bancarias de usuarios, ya se están produciendo cambios de domiciliaciones a bancos y oficinas fuera de Cataluña. "Lo hemos detectado, pero para cuantificarlo aún es pronto", ha alegado. Una de las primeras fue la biotecnológica Proclinic. Con una facturación de más de cien millones de euros, ya tenía un importante centro logístico en Aragón y, por el momento, no cerrará sus oficinas de Barcelona. Ante esta situación, el Gobierno de Aragón no se ha quedado de brazos cruzados.
Del mismo modo, también se cuenta con un equipo de la Facultad de Economía para analizar todas las consecuencias que está teniendo el desafío independentista en Aragón. "Cuanto pretendimos es que diese cuerpo a un estudio para evaluar o tratar de anticiparse ante los destinos escenarios que puedan ir surgiendo", indicó Gastón. Este observatorio está coordinado por el catedrático en Economía y exconsejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés. Épila y Albalate del Arzobispo Pero no solo de Opel y Cataluña se ha hablado este 2017. El 3 de febrero, el Gobierno de Aragón anunciaba un acuerdo para la
BonÀrea se instalará en unos terrenos a unos cinco kilómetros del centro de Épila. Serán 140 hectáreas, la mitad de propiedad municipal. Los 70 restantes deberán ser expropiados por la DGA, aunque su coste, 10.000 euros por hectárea, será asumido por la empresa, tal y como ha detallado el alcalde de la localidad, Jesús Bazán. Asimismo, un grupo de inversores del extranjero eligió la localidad turolense de Albalate del Arzobispo para instalar Toro Gibs, una empresa productora de yeso con una tecnología innovadora en el continente. Para ello, su intención era crear este mismo año hasta 30 puestos de trabajo y 11 millones de euros, aunque su plan estratégico busca crecer con el paso del tiempo una vez estén totalmente instalados. La alta calidad y la blancura del yeso albalatino ha sido el detonante que ha convencido a estos empresarios procedentes de Alemania, Holanda, Australia y Turquía. "La materia prima de Albalate tiene una calidad muy alta. La calidad de la materia prima es muy importante para el producto final", ha señalado uno de los socios fundadores, Erdem Kutukcu. Varias despedidas El 2017 también ha sido un año de despedidas sonadas. Una de ellas fue la del presidente de Ibercaja,
El entonces vicepresidente primero de Ibercaja, José Luis Aguirre, fue nombrado por el Consejo de Administración de la entidad presidente con carácter no ejecutivo al considerar que "acredita sobrada experiencia directiva y notable conocimiento del sector bancario". Aguirre es licenciado en Ciencias Económicas y Derecho por la Universidad Comercial de Deusto y Máster en Desarrollo Organizativo por el IOD de Lovaina. Además, Julián Buey cedió el testigo como secretario general de CCOO a Manuel Pina, hasta entonces responsable de Acción Sindical. En una ajustada e intensa votación, se impuso en la al otro candidato, el exsecretario de Sanidad, Juan Urdániz, con el 57,14% de los votos, esto es, 100 de los 175 delegados del sindicato con derecho a voto. El programa de Pina incluía propuestas con hasta 320 medidas. De ellas, tras ser nombrado líder del sindicato, ha establecido como prioridad fundamental "acabar con la precariedad". "Queremos abordarla en todas las situaciones. Cada vez hay menos parados sin protección por prestaciones de desempleo o de subsidios. Estamos aguantando como podemos con ciertas ayudas y, sin embargo, no se acaba de aprobar una de nuestras iniciativas que está ya en el Congreso, que es la renta mínima", ha declarado Pina.
