El informe de Unicef sobre la pobreza infantil en Aragón ha puesto en la agenda política y social la dura realidad de que 13.694 jóvenes aragoneses menores de dieciocho años ven como en su casa solo se ingresa entre 6.120 y 8.100 euros cada año. No hay que hacer muchas cuentas para inducir que ese grado de pobreza compromete las oportunidades presentes y futuras de esos miles de jóvenes, sin que ellos hayan hecho nada para ver cercenado su porvenir.
Cabe pensar que estamos ante una situación coyuntural, que esos miles de jóvenes aragoneses en riesgo de pobreza (sumarían 58.643 si se incluye a los que cuya renta familiar anual es inferior a 12.240 euros) son el efecto más directo de la crisis económica y los recortes públicos sufridos desde 2012. Pero, esa dura realidad social parece ligada más bien al tipo de sociedad que tenemos ya delante, a esa que ha naturalizado la desigualdad al justificar que, en nombre de la libertad, unos acumulen riqueza mientras otros sobreviven a duras penas.
Se trata, pues, de una cuestión estructural: en su obsesión por el crecimiento económico y el beneficio de algunos grupos sociales, el capitalismo ha olvidado que la cohesión de una sociedad se cimenta en el compromiso colectivo de solidaridad. Por eso, no parece suficiente centrar la solución a la pobreza infantil en Aragón en la creación de una renta básica para quienes se encuentran en esa situación. Si no se afrontan las causas, probablemente, solo se estará haciendo crónico el problema.
Unicef ha sido capaz de poner en la agenda política de Aragón una realidad que hasta ahora había permanecido oculta. Al inicio de legislatura Podemos repitió hasta la saciedad que el Gobierno de Aragón debía dar respuesta a la emergencia social en que vivían una parte de los aragoneses. Se debatió y legisló, incluso se ha justificado después la subida de impuestos en las necesidades sociales que debían atenderse. Pero nadie incluyó ahí, de forma específica, la pobreza infantil. Ahora, ya en el tercer año de legislatura, tendrán que ponerse a trabajar en solucionarla con acciones concretas y dinero. Las Cortes y el Gobierno de Aragón.
Unicef ha cuantificado en detalle y en conjunto el coste de su propuesta de renta básica, valorando su aplicación en un incremento del 1,2% del Presupuesto anual de Aragón. Por más que el informe sea un encargo de las Cortes y derive del Pacto por la infancia firmado en marzo de 2014, esta forma de presentar la cuestión sugiere que el actual gobierno PSOE-CHA no debería tener muy difícil destinar esos recursos a hacer realidad esta iniciativa.
Se ha reprochado al actual gobierno autonómico que su presión fiscal sobre los aragoneses está entre las mayores de España. Es el tercero con tasas más altas en el IRPF y el primero en Sucesiones, Patrimonio y Actos Jurídicos Documentados. El consejero Gimeno ha justificado el aumento de impuestos en las necesidades sociales que debe atender. Con todo, está por ver el incremento de recaudación que generará el nuevo marco tributario. Hay que esperar al final de este año, pero hasta hace dos meses se cifraba la mejora en 100 millones de euros. Estos números se superarán a final de año y en 2018.
Unicef ha fijado en 68,7 millones de euros el costede la renta básica si en ella se incluyen todos los aragoneses menores de dieciocho años cuyos ingresos familiares máximos no superan los 12.000 euros anuales; si se reduce la prestación a los que sus ingresos familiares anuales quedan por debajo de 8.100 euros, el gastobaja a los 48 millones. Para establecer alguna relación con otros servicios sociales, vale saber que los cuatro cursos de recortes educativos del gobierno PP-PAR redujeron el presupuesto en 70 millones.
A Albert Camus nada le parecía más absurdo que el asesinato de un niño, porque era un inocente. Sin ser lo mismo, la pobreza infantil se vuelve trágica porque, además de implicar malas condiciones materiales en la vida diaria y limitaciones para acceder a servicios oprácticas públicasque facilitan la socialización, deja por el camino gran parte de las oportunidades que deberían favorecer su vida. Y todo, sin que quepa imputarles responsabilidad alguna.
Mientras los parámetros oficiales dibujan un Aragón que mejora la media española en la mayoría de las estadísticas, Unicef ha dicho que somos la segunda peor comunidad en pobreza infantil. Como la mayoría vivimos pensando quenuestra sociedad no tiene las desigualdades de otras y que aquíse vive aceptablemente bien, la realidad que nos han puesto delante debería ser una fuerte sacudida a nuestra conciencia y a la de quienes dicen gobernarnos.
