Zaragoza.- El consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha asegurado que la calidad de los servicios públicos mejorará “radicalmente” con el nuevo plan general 2016-2019 que se ha debatido esta mañana en la Comisión del ramo. El objetivo es servir de instrumento “para la dirección y para el control” de la Administración para saber “dónde hay que actuar en cada momento”. Por ejemplo, servirá para revertir incumplimientos como que las quejas se respondan en 57,6 días y no en 21 como está estipulado.
El plan pretende fomentar y desarrollar valores como la “orientación a la ciudadanía, el valor del empleado público, la innovación y la responsabilidad y el compromiso ético”, según ha explicado el consejero. Unos aspectos sustanciales que tienen que ver, entre otras cosas, “con la incorporación de nuevas generaciones a la administración”.
Gimeno ha explicado que el plan deberá finalizar a mediados de 2019 para poder evaluar cuál ha sido el cambio de la calidad de los servicios públicos aragoneses: “Llegará un momento en el que miraremos atrás y podremos ver el cambio tan radical que se ha conseguido”. La medición de la efectividad del plan está dirigido al interior de la Administración y a la relación de esta con la ciudadanía. Por ello, se deberá explicitar para qué y para quién van dirigidas sus actuaciones, cuántos recursos se han empleado, el grado de aprovechamiento, cuáles han sido sus efectos y su impacto y, por último, el grado de satisfacción de la ciudadanía.
En Aragón hay actualmente 54.000 empleados públicos de los que el 74% son mujeres y el 26% hombres. El 18% de las personas ocupadas en Aragón pertenecen al sector público, lo que supone 90.000 empleos.
El consejero ha asegurado que Aragón es una entidad “prestadora de servicios” y ha ofrecido algún dato para demostrarlo. El Sistema Público de Salud registra 15,2 millones de servicios anuales, el Instituto Aragonés de Empleo realiza 2,43 millones de intervenciones y de atención al personal que lo necesita, la asistencia a sedes judiciales se cifra en 1,5 millones de personas, el Sistema Público de Enseñanza no universitaria escolariza a 195.000 personas cada curso, las Oficinas de Administración registran más de 850.000 documentos y atiende a 250.000 personas al año y, por último, el sistema de gestión de las comunicaciones registró más de 24 correos entrantes.
Opinión de los grupos parlamentarios
El Partido Popular ha mostrado su “apoyo” al PSOE para impulsar este plan aunque ha criticado que hayan tardado 14 meses en llevarlo a cabo y que no se haya contado con la opinión de los sindicatos. Además, en diez días los grupos deben presentar sus propuestas de resolución al plan y la diputada del PP Yolanda Vallés ha criticado que es “poco tiempo” y “no permite la participación de todos”. En este sentido, Gimeno ha mostrado su predisposición a aumentar el tiempo que sea necesario “dada la importancia del plan” y ha explicado que “los sindicatos no han querido participar”.
Desde el PSOE, su diputado Alfredo Sancho ha considerado “ineludible” la realización de este plan para “abordar la mejora de la administración”. Eso sí, ha señalado la necesidad de implantarlo de forma “eficaz y eficiente” porque la sociedad “es compleja y diversa y esto hace que cada vez sea un esfuerzo mayor prestar los servicios”.
La diputada de Podemos Amparo Bella considera “necesario” este plan de calidad porque es “evidente la situación de desprestigio de la administración”. Ha mostrado su duda sobre que se llegue a cumplir “porque llega tarde” y ha considerado un “sinsentido” que no se haya trabajado con los representantes de los trabajadores.
La diputada del PAR Elena Allué cree que este plan de calidad es “necesario” y está “muy bien” aunque ha señalado que “no somos valientes en coger el toro por los cuernos y realizar una verdadera reforma de la administración”. En su opinión, es fundamental “mejorar la accesibilidad, simplificar los procesos, realizar un uso racional de los poderes públicos y que los procesos sean veraces” porque la administración “sigue siendo pesada para los ciudadanos”.
Desde Ciudadanos, su diputado Javier Martínez ha reprochado la “tardanza” de este plan aunque ha reconocido que “es de los retos más relevantes y considerables de este gobierno” porque supone “un cambio completo de la administración”. Martínez ha destacado la importante de los 30 millones invertidos en el cambio de equipos porque “sin tecnología no se puede adaptar la relación entre la administración y los ciudadanos”.
El portavoz de CHA en las Cortes, Gregorio Briz, ha considerado “fundamental” este plan porque “hay que mejorar los servicios públicos para conseguir una administración moderna”. Además, la considera clave para evitar una administración “enmarañada” para que “la ciudadanía pueda verse favorecida”.
