Zaragoza.- El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Ordenación de las Entidades Privadas de Servicios Sociales, con el que se endurecerán los requisitos de autorización y acreditación de centros sociales privados para "dar un paso más en su calidad", según ha explicado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto.
Durante esta legislatura, el Ejecutivo ha ordenado el cierre de 20 residencias en Aragón debido a su gestión. Unos cierres que, cuando se apruebe esta ley en las Cortes, estarán regulados mediante una norma para que, en el caso de que los centros quieran recurrir el cierre, tengan algo en lo que basarse. "Se exigirá mejorar los requisitos mínimos en instalaciones, gestión y personal", ha añadido Broto.
El principal objetivo de esta nueva norma es ordenar la actividad desarrollada por las entidades privadas, de iniciativa social o mercantil en materia de servicios Sociales. Para ello, mantiene el régimen de autorización y, como novedad, regula el régimen de la acreditación que deben cumplir los servicios y centros sociales promovidos y gestionados por una entidad privada.
Hasta ahora, los centros simplemente necesitaban una autorización y estar inscritos en el registro de centros. Con la nueva norma, además de la autorización administrativa que ya existía se establece la necesidad de una acreditación para aquellos centros que quieran colaborar con el sistema público de servicios sociales, en la provisión de prestaciones públicas sociales o en el desarrollo de medidas o programas impulsadas por las administraciones públicas.
En todo caso, la habilitación exige y mantiene, asimismo, la correspondiente inscripción de estas autorizaciones y acreditaciones en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.
El Proyecto de Ley define las condiciones mínimas para obtener dicha habilitación si bien su concreción y desarrollo le corresponde a la regulación reglamentaria que se apruebe con posterioridad que detallará la regulación general prevista en la ley. Esta norma también será la que establezca el calendario de plazos de adecuación de los centros, tanto de titularidad privada como también pública, a los requisitos establecidos para la acreditación.
