Olona acusa al Gobierno PP-PAR de invadir competencias del Estado en la gestión de las reservas hídricas

El Tribunal Constitucional ha anulado la ley que aprobó la DGA en 2014 para gestionar de forma unilateral las reservas hídricas de 6.550 hectómetros cúbicos de Aragón. Olona asegura que están "en el camino correcto" y acusa al Gobierno PP-PAR de invadir competencias del Estado. Pide "los mismos argumentos" para todas las Comunidades.

Zaragoza.- "Los propios argumentos de la sentencia me dan seguridad que el camino que estamos siguiendo es el correcto". Este es el mensaje del consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, tras conocer la decisión del Tribunal Constitucional de anular diversos artículos de la Ley 10/2014 de Aguas y Ríos de Aragón en lo relativo a la gestión de los 6.550 hectómetros cúbicos de reservas hídricas de la Comunidad.

Se trata de una norma aprobada en 2014 por el Gobierno PP-PAR, a quien acusa de invadir competencias del Estado. "Esto es la consecuencia, desde mi punto de vista, de que el Gobierno PAR-PP en la legislatura anterior fue demasiado lejos planteando algo que, como se nos viene a decir, invade las competencias exclusivas del Estado en materia de aguas y en una cuenca que es intercomunitaria", ha afirmado.

De esta forma, para Olona, "los propios argumentos de la sentencia confirman y a mí me dan seguridad que el camino que estamos siguiendo es el correcto". "Me refiero a nuestra insistencia de que los mecanismos legalmente previstos para la participación, cooperación y coordinación y materia de aguas entre Estado y CCAA se mantengan operativas y funcionales sin interferencias ni cortapisas políticas", ha añadido.

Además, el consejero ha exigido al Ministerio que "se nos trate como un Gobierno". "No somos un usuario. Tenemos que ser tratados en el ámbito de las políticas de agua como Gobiernos. Estamos insistiendo y los argumentos nos indican que es el camino a seguir", ha señalado.

Por último, Olona ha exigido al Estado que use estos mismos requisitos con "todos los territorios". "Venimos notando que desde hace años esto se viene aplicando a Cataluña. No tiene sentido que lo que acatamos en Aragón no se acate en otros territorios de la cuenca. Dejar claro que somos un gobierno leal al Estado, acatamos las sentencias, pero exigimos que se apliquen los mismos criterios a todos los territorios", ha manifestado.

Reacciones PP-PAR

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha defendido, sin embargo, que la ley tumbada por el alto tribunal "se hizo para proteger los usos de agua de los aragoneses", por lo que ha asegurado sentirse "un poco triste, ya que es un tema que recibió un amplio consenso del Parlamento aragonés, y que afecta a un tema tan sensible como la sequía".

A pesar de esto, ha dicho "respetar y actar" el fallo del Constitucional, y ha recordado que éste "no niega la existencia de una reserva hídrica a favor de Aragón, sino que pone en cuestión que una ley autonómica intente regular esas reserva que consideran que tiene que estar cedida a Aragón pero por una ley Estatal".

Por todo ello, ha apostado por abrir "una nueva vía de negociación" con el Gobierno de España para que se eliminen los problemas de competencias.

Desde el PP, el diputado Ramón Celma ha apuntado que "la realidad es que respetamos la sentencia y las instituciones correspondientes tendrán que implementarla", y ha reconocido que en la ley autonómica se introdujeron "criterios dudosos" bajo la influencia del PAR, "que ahora han sido resueltos".

Además, ha recordado que la prioridad de su partido ahora son las infraestructuras hídricas pendientes en la Comunidad, como Yesa o Mularroya, para garantizar las reservas de agua.

CHA

CHA también ha resaltado que "el origen de esta situación está en la decisión del Gobierno de Rajoy de recurrir ante el Tribunal Constitucional leyes aragonesas, que ya comenzó en anteriores legislaturas y continúa en esta".

Además, aseguran que esta sentencia "nos tiene que poner más alerta que nunca al aragonesismo político porque estamos en la antesala de la aprobación de un nuevo Plan Hidrológico", en el que, ya han anunciado, "nos opondremos a cualquier nuevo intento de trasvase del Ebro a otras cuencas".