Quiero hacer algunas puntualizaciones sobre el problema de la despoblación en la España interior, reiterándome en lo que ya expuse hace 30 años en un debate celebrado en TVE-Aragón, en el que participaba, entre otros expertos, el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel. Desde entonces se han dicho muchas cosas, y últimamente el Consejo de Gobierno ha aprobado una Directriz de Política Demográfica contra la Despoblación. Está bien, sobre todo si la cosa no queda en palabras e intenciones, como hasta ahora. Pero no puedo ser optimista si oteo el futuro con realismo.
Mi opinión, políticamente incorrecta (tanto hace tres decenios como ahora), es que no puede haber una distribución demográfica en el siglo XXI atendiendo a parámetros de los siglos XVI o XVII, por no ir más lejos. Entonces se asentaba una población donde había agua, en proximidad de los campos de cultivo o de los pastos; la constituían personas que en un elevado porcentaje se dedicaban a la agricultura y la ganadería. No había agua potable canalizada a las viviendas, ni redes de alcantarillado, ni pavimentación urbana e interurbana, ni electrificación, redes telefónicas, redes telemáticas y otros servicios hoy elementales. Era una forma de vida muy dispar, con exigencias que distan de las actuales en muchos sentidos.
Es imposible atender hoy todas las necesidades públicas a costa de la Administración para poblaciones de 200 o 300 habitantes, o incluso menores. Sin embargo, sus habitantes tienen los mismos derechos que los de las ciudades o pueblos mayores. El tema es largo y arduo, con muchos flecos, pero voy a referirme solo a un dato: aunque se mantuviera hoy el mismo tipo de producción agropecuaria en la España interior, ya no es necesario tener próximas las granjas y campos de labranza, porque a ellos se puede acceder en pocos minutos con un vehículo mecanizado; en los siglos anteriores el desplazamiento podía llevar horas.
En conclusión, mi propuesta (que ningún partido político asumirá, así se lo dije al señor Biel en la mencionada ocasión) es trazar una política de concentración demográfica, de algún modo semejante a la que en zonas inteligentes de España se llevó a cabo con la concentración parcelaria a mediados del siglo XX.
O tenemos poblaciones con un mínimo de 2.000 habitantes o no son viables las de menor entidad. Claro que entran en juego factores emocionales (“mis bisabuelos y mis abuelos están enterrados aquí, mi padre y mi madre también, yo nací en este pueblo y aquí quiero morir”, etc.), pero lo mismo que en los años 50 y 60 muchos españoles del interior emigraron a la periferia o a Europa en busca de trabajo, con sus correspondientes desgarros y traumas, hoy habría que propiciar ayudas públicas para que ese traslado de concentración se hiciera de manera racional y voluntaria, atendiendo a las necesidades presentes y futuras: estudios para los hijos, atención médica, servicios eléctricos y derivados, comunicaciones, etc.
La propuesta tiene su problemática, evidentemente, como todo cambio, pero no hay futuro si la distribución demográfica actual pervive, insisto. En el nuevamente mencionado debate televisivo, ya advertí que o se reducían pronto los municipios aragoneses a 200 viables (por poner un número; ahora hay más de 700) o dentro de un siglo quedarían 40.
Consideración aparte merecen las localidades con ocupación estacional de tipo turístico o deportivo. En los siglos XVI y XVII los urbanitas esquiaban poco. Habrá que resolver pronto el asunto porque el futuro nos aguarda con su guadaña implacable.
