Zaragoza.- La mediación penal en Aragón tendrá un tratamiento específico, sumándose así a la tendencia implantada en los ámbitos de la jurisdicción nacional y europea. Una propuesta del Partido Popular, defendida por el portavoz de Justicia en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, vincula políticamente al Gobierno de Javier Lambán a que este tipo de mediación obtenga un papel más relevante en el ámbito de la justicia penal, conocida como justicia restaurativa.
El diputado popular explicó que "el creciente papel de la mediación en la resolución de todo tipo de conflictos convierte esta herramienta en un instrumento muy útil". Sus resultados positivos son ampliamente reconocidos como alternativa o complemento al proceso judicial y, pese a ello, PSOE y CHA votaron en contra.
"La justicia restaurativa que trae consigo la mediación penal intenta trasladar al autor del delito que sus hechos tal vez le satisfacen unas necesidades puntuales pero, al mismo tiempo, debe ser consciente de que el delito que cometió ha generado un daño mucho mayor que un determinado valor económico. Además, la justicia restaurativa ha demostrado funcionar en bastantes casos y, en mi opinión, deberíamos procurar fomentarla desde la administración de la Comunidad Autónoma", concluyó el diputado popular.
Hace años que en Aragón los diferentes ejecutivos autonómicos vienen promoviendo la mediación en el ámbito civil, mercantil, contencioso y laboral y, sin embargo, no lo es tanto respecto a la jurisdicción penal. La propuesta aprobada a petición de Ledesma obliga políticamente al Gobierno autonómico a reconsiderar las características específicas que actualmente otorga a la mediación penal, debido a que no busca tanto un acuerdo, sino la reparación moral y material de la víctima.
Actualmente el Gobierno de Aragón mantiene la mediación penal al mismo nivel que el resto e incluso la penaliza a la hora de convocar ayudas públicas por parte de la Administración autonómica.
Mediante el acuerdo aprobado por las Cortes de Aragón el Gobierno autonómico no solo otorgará un tratamiento concreto, específico y diferenciado, sino que además, las bases de la Convocatoria para las subvenciones no exigirán de manera taxativa que quienes opten a la mediación penal deban también optar por el resto de jurisdicciones.
