Zaragoza.- Trece meses después de que el PP planteara en el Parlamento su proyecto de ley que regula los servicios de asesoramiento y orientación jurídica gratuita en Aragón, previsiblemente esta semana dará el paso definitivo para alcanzar rango de ley. Así, los servicios de asistencia jurídica gratuita que reciben inmigrantes, mujeres y presos se convertirán en derechos “con rango de ley”, lo que “facilita la calidad democrática y mejorar nuestra sociedad de bienestar”.
Lo ha destacado Fernando Ledesma, el diputado del PP impulsor de la misma, además de coordinador de la ponencia que ha analizado las 109 enmiendas planteadas por los distintos grupos parlamentarios. Ledesma calcula que el nivel de enmiendas aceptadas "es superior al 93%". También ha destacado que el documento “ha sido presentado a todos los sectores implicados”.
No podrán salir a concurso
Esta ley, según Ledesma, "busca dar la mejor prestación a estas asesorías", lo que se garantiza si "son llevadas a cabo por los colegios de abogados", gracias a su “experiencia y control deontológico de la profesión”.
Tal y como ha explicado, esta iniciativa legislativa fue impulsada en la primavera de 2016, "cuando tocó renovar el servicio de asesoría a mujeres y hubo incertidumbre por si se iban a seguir prestando por los colegios de abogados o se iban a sacar a concurso y se podían adjudicar a una empresa privada". Fue una situación que "generó mucha tensión".
