Zaragoza.- La exalcaldesa de La Muela Marisol Aured ha negado este lunes que modificara en 2012 el contrato que el Ayuntamiento había firmado en 2005 con Seula para la recogida de basura, causando un perjuicio al Consistorio en beneficio del gerente de la contrata, Luis Miguel Bolea. De ello les acusan la Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el actual equipo de gobierno.
Marisol Aured fue alcaldesa de La Muela entre 2011 y 2015. Sucedió a la exregidora María Victoria Pinilla y fue una de las denunciantes -testigo protegido- de la Operación Molinos. Su gestión del contrato de basuras centra solo uno de los ocho procesos judiciales que ha tenido que afrontar (seis fueron archivados y de otro fue absuelta).
Según ha apuntado Aured, lo que se hizo con la contrata de basura fue "clarificar" los servicios, "pero no se modificó el precio". "Aumenta el IPC y el IVA", pero, por ejemplo, "no se modifica el número de frecuencias semanales" porque eso "ya venía de antes". De ello dan cuenta "contratos menores firmados por el concejal Fernando Barba con Seula", ha apuntado Aured, que se enfrenta a una pena de entre dos y cuatro años de prisión y a 16 de inhabilitación por prevaricación, fraude y exacción ilegal.
La exalcaldesa muelana ha defendido asimismo que el acuerdo para el reconocimiento parcial de la deuda que reclamaba Seula al Consistorio "era beneficioso para el pueblo", pues las arcas municipales acabaron ahorrándose "unos 300.000 euros". La contrata reclamaba 1,1 millones de euros por facturas de los años 2009 a 2011 y Aured reconoció algo más de 735.000 euros.
Dadas las circunstancias "tan caóticas" en La Muela y teniendo en cuenta que "lo más importante era aminorar la deuda", se logró un acuerdo que era "en beneficio de todos".
"No hubo modificaciones, sino adaptaciones al trabajo"
Por su parte, el gerente de Seula, Luis Miguel Bolea, ha asegurado que "no hubo modificaciones del contrato de basuras" sino "adaptaciones" al trabajo que se realizaba: "Si cojo el pueblo con 2.000 personas y lo dejo con 6.000, la adaptación tiene que ser obligatoria". Bolea se enfrenta a una pena de entre ocho meses y dos años y medio de cárcel y nueve de inhabilitación, según la petición de la Fiscalía.
La cantidad reclamada ascendió a más del millón de euros porque a los 195.000 euros que establecía el contrato como máximo se incluyeron conceptos como varios contenedores industriales y el incremento en el kilometraje tras el cierre del vertedero de Épila, lo que obligó a llevar los residuos a Calatayud. Así lo ha explicado Bolea, quien ha explicado que aceptó los 735.000 euros que le ofreció Aured porque la empresa estaba "a punto de cerrar".
Testigos
Este lunes han declarado también los primeros testigos citados a la vista oral. El primero ha sido el secretario del Ayuntamiento de La Muela, Luis Ruiz, que ha explicado que algunos concejales consideraban que las facturas por la recogida de basuras "no se ajustaban a la realidad", y de ello llegó a advertir a la Aured.
Por su parte, el exconcejal Héctor Carrera ha apuntado que el contrato era "muy confuso" y que lo que se hizo fue "fijar el mismo contrato de 2005 con la actualización concreta, pero sin modificación concreta".
Discrepa la interventora entre 2009 y 2011, Marta Ruiz, quien ha declarado que, según sus informes, las facturas no se correspondían con la realidad. Asimismo, la actual interventora, Raquel Santa Catalina, ha asegurado que sí se produjo una modificación del contrato porque "aumentan la frecuencias, la recogida selectiva también varía el precio...". Eso sí, ha reconocido que no comprobó que los precios de 2012 fueran los 2005 más el IVA y el IPC.
