El Parlamento aprueba impulsar un debate sobre el ICA antes de finales de año

El Pleno de las Cortes ha aprobado impulsar un debate sobre el Impuesto de la Contaminación del Agua antes de finales de año a iniciativa de Podemos. Ha contado con el voto a favor de PSOE, Cs y Grupo Mixto y que persigue impulsar el debate en torno a este impuesto con ayuntamientos, consumidores y grupos parlamentarios.

Zaragoza.- El grupo parlamentario Podemos ha presentado, en la sesión plenaria de este miércoles, una moción sobre materia hidrológica que ha salido adelante con el voto positivo de PSOE, Ciudadanos y Grupo Mixto, mientras que, por el contario, PP y PAR se han mostrado en contra. Esta iniciativa pretende impulsar el debate sobre el Impuesto de la Contaminación del Agua antes de finalizar 2017, así como realizar un proceso participado para la creación de la nueva Dirección del Agua.

Este debate ha estado encabezado por la diputada de Podemos Marta de Santos, quien ha rebatido con Ramón Celma (PP), la socialista Isabel García, Lucía Guillén (PAR), Jesús Sansó, de Ciudadanos, y Patricia Luquin, del Grupo Mixto-IU.

La redacción del texto final, que ha aceptado varias enmiendas del PSOE, incluye la petición de que se continúe convocando los foros de análisis del Plan de Saneamiento en los que están representados los Grupos Parlamentarios y agentes sociales. También solicita que se realice un proceso participado para la creación de la nueva Dirección del Agua de modo que no se blinde el modelo actual sino que se asegure una administración óptima y suficiente.

En tercer lugar, demanda que se estudie y se facilite "la recuperación de competencias de saneamiento y depuración a los ayuntamientos que lo soliciten, a la par que se acompañe a los ayuntamientos en el cumplimiento de la competencia", así como "favorecer que los técnicos públicos acompañen a los ayuntamientos a tomar buenas decisiones, que aseguren la sostenibilidad del sistema".

Por último, insta a impulsar antes de fin de año un debate sobre la reforma del ICA que cuente con la participación de ayuntamientos, consumidores y grupos parlamentarios de modo que incentive las buenas prácticas y asegure la sostenibilidad del sistema”.

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