Zaragoza.- La Guardia Civil ha investigado a siete personas por una intoxicación alimentaria por histamina en atún que tuvo efectos en varias comunidades, entre ellas Aragón. Se les imputa como presuntos autores de un delito contra la salud pública con productos alimenticios, un delito de falsedad documental y un delito relativo a los consumidores.
Además de a Aragón la intoxicación llegó a Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Castilla y León, Madrid y el País Vasco, así como a diferentes países de la Unión Europea como Alemania, Francia, Italia y Portugal. En total, hubo 105 personas intoxicadas.
Los investigados estarían implicados, supuestamente y en diferentes grados de responsabilidad, en la intoxicación alimentaria de 105 personas por histamina, tras el consumo de atún (Thunnus albacares). Este era comprado en estado fresco-descongelado a una empresa del Levante de Almería, dedicada a la compraventa y elaboración de este producto.
Inicio de la investigación
La Guardia Civil inició la investigación de lo sucedido el pasado mes de mayo, tras la alerta sanitaria emitida por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan).
Dicha alerta fue trasladada en el marco de la red de alerta alimentaria nacional (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información) y comunitaria (Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos), tras la intoxicación por histamina ocurrida como consecuencia del consumo de atún, comprado en estado fresco-descongelado a una empresa del Levante almeriense, dedicada a la compra, venta y elaboración de este producto.
Falta de control
Durante las primeras averiguaciones, se tuvo conocimiento de que las autoridades competentes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía informaron a Aecosan, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, de que eran dos los lotes implicados de un mismo proveedor en la intoxicación. Lotes que fueron retirados del mercado por las Autoridades Sanitarias de las Comunidades Autónomas, tras la comunicación de los hechos a través del sistema de red de alerta alimentaria nacional, coordinado por Aecosan.
Si bien la Guardia Civil realizó varias inspecciones en las instalaciones de la empresa investigada, comprobó que los datos y la documentación facilitada por esta en relación a los lotes implicados en la alerta no coincidieron con los albaranes, facturas y etiquetas halladas durante las inspecciones realizadas tanto por las autoridades sanitarias como por las Unidades distribuidas por el territorio nacional, constatando que en realidad eran hasta seis los lotes de varios proveedores implicados en la contaminación alimentaria.
Con estas averiguaciones se comprobó la falta de control en la trazabilidad del atún comercializado, tanto es así que en las etiquetas encontradas no coincidían el número de lote con el que figuraba en su albarán o factura.
La empresa investigada cuenta desde el pasado mes de marzo con un Plan General de Higiene y Autocontrol, si bien pese a la implantación de este Plan, y según las inspecciones realizadas por las autoridades sanitarias, éste no se ha llevado a cabo en ninguno de sus apartados, ni en el sistema de trazabilidad, muestras de atún y material a analizar, registro de temperaturas, conservación y tiempos de espera.
Los agentes encargados de la investigación han llevado a cabo numerosas averiguaciones con el fin de poder determinar el momento exacto de la pérdida de frío del atún implicado, si bien no se han podido concretar las circunstancias debido a la falta de control documental de trazabilidad de la empresa.
Informes manipulados
De la misma forma se comprobó que la empresa facilitaba a algunos de sus compradores copia de los resultados analíticos sobre el estado sanitario del atún, informes que habían sido manipulados de un informe analítico original.
Examinadas las etiquetas, la Guardia Civil pudo verificar que en las mismas constaba información dirigida a los consumidores que no era veraz en cuanto a la zonas de captura de los atunes (FAO), y sobre todo a los artes de pesca usados, donde indicaban que el atún procedía de palangre, sedales y anzuelos, cuando en realidad dicha pesca era de cerco.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vera (Almería) y ha sido desarrollada por agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería con la colaboración de la SG Control de Alertas de Aecosan, de la SG de Control y Laboratorios Agroalimentarios y SG de Economía Pesquera del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) y los organismos homólogos de las Comunidades Autónomas afectadas.
