Zaragoza.- Hay ocasiones en las que una sanción económica no basta para disuadir a un joven de que vuelva a cometer una infracción. Las multas son un castigo que, en muchas ocasiones, acaban asumiendo los padres o tutores de los menores y eso no sirve para concienciar al autor ni para educarle para que asuma sus responsabilidades. Hay supuestos en los que es mucho más efectivo que estos pequeños infractores cumplan su "castigo" ayudando a la sociedad.
Así nacieron los trabajos en beneficio de la comunidad, que se aplican o bien de manera voluntaria en respuesta a las infracciones recogidas en la ordenanza de la ciudad sobre Protección del Espacio Urbano, o bien por cumplimiento de una sentencia judicial en colaboración con el Ministerio de Interior.
Con estas tareas se busca relacionar la naturaleza de las actividades con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos. A estos trabajos pueden acogerse los jóvenes de entre 14 y 21 años, o los que superen los 21 años, siempre que carezcan de ingresos (justificado) o se encuentren bajo la acción protectora de los Servicios Sociales Municipales por razones de dificultades económicas, desigualdad social u otras similares y que por ello necesiten ayuda y protección, sin límite de edad. Para su acreditación resulta suficiente el informe favorable de los Servicios Sociales Municipales.
Si se comprueba que el sujeto infractor es reincidente es necesario para su aceptación el previo informe de los Servicios Sociales Municipales. Las jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad y las jornadas de formación tendrán una duración máxima de cuatro horas cada una.
Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora
El Pleno de Zaragoza aprobó el 31 de enero de 2014 la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. Una norma que derogó la Ordenanza de la Ciudad de Zaragoza sobre “Protección del Espacio Urbano” aprobada el 27 de junio 2008. Las infracciones a las ordenanzas municipales se califican en leves, graves y muy graves, de acuerdo a la tipificación establecida en cada una y se dividen en tres grados: mínimo, medio y máximo.
Las personas que hayan sido objeto de una sanción administrativa derivada de la comisión de infracción tipificada con arreglo a ellas, y que cumplan una serie de requisitos pueden optar por el cumplimiento de la sanción administrativa correspondiente o acogerse, de manera voluntaria, a la solución con carácter alternativo y sustitutivo de la multa, y cuya finalidad reside en concienciar al infractor de los efectos negativos para la comunidad derivados del incumplimiento de sus obligaciones y de los daños ocasionados.
La alternativa consiste en la asistencia a charlas y cursos relacionados con la convivencia ciudadana y actuaciones sociales comunitarias mediante su incorporación o participación en programas de formación vinculados con el fomento de la convivencia ciudadana y en la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, prestando los infractores su servicio personal sin sujeción laboral alguna y no retribuido, en actividades de utilidad pública, con interés social y valor educativo, a fin de hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han tenido o podrían haber tenido y ser evitados así en el futuro.
Datos 2016
El número total de personas que han realizado este servicio a lo largo de 2016 ha sido de 295, frente a los 371 de 2015, los 360 de 2014, los 318 de 2013, los 549 de 2012, los 506 infractores de 2011 y los 451 registrados en el 2010. En cuanto al género predominan los hombres (192) con un 65,08% frente a las mujeres que han sido 103 (34,2%). Respecto a la edad, la moda se sitúa en 18 años tanto en hombres como en mujeres. Como dato a resaltar, destaca el número de menores de edad, cuyo dato se sitúa en 32 personas en 2016. Respecto al año pasado han descendido los menores de edad (ya que fueron 55) y se ha producido un descenso de jóvenes prácticamente en todas las franjas de edad.
En concreto, según los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Zaragoza, en 2016 no hubo ningún joven de 14 años que realizara estos trabajos. De 15 años fueron siete (cinco chicos y dos chicas), de 16 años fueron catorce (nueve chicos y cinco chicas), de 17 años fueron un total de 21 personas (once chicos y diez chicas), de 18 años fueron 70 personas, el dato más numeroso, de los que 3 fueron chicos y 27 chicas; de 19 fueron 55 (32 chicos y 23 chicas), de 20 fueron 54 personas (34 chicos y 20 chicas), de 21 años fueron 37 personas (26 chicos y 11 chicas), de 22 fueron diez chicos y tres chicas, de 23 años fueron seis chicos, de 24 años fueron cuatro chicos, de 25 años fue un chico y una chica y de 26 años fueron dos chicos.
A partir de ahí hay saltos en las edades. Se pasa a los 31 años, edad en la que dos hombres cometieron infracciones que compensaron con trabajos comunitarios, otro lo hizo teniendo 36 años, otros dos tenían 37años, luego se han contabilizado a un hombre y una mujer de 40, a un hombre de 50, otro de 59 y llama la atención un caso de un hombre de 70 años. Así hace un total de 192 hombres y 103 mujeres.
Respecto al tipo de infracción predominan las que corresponden a realizar necesidades biológicas (en la mayoría de los casos es por evacuar aguas menores) representando el 51,86 % de las infracciones, le sigue participar en reuniones con ingesta de alcohol 41,69%. En cuanto a la infracción conocida como botellón el número de mujeres infractoras es superior al de hombres.
Es significativo estas dos señalizaciones, que la infracción de realizar necesidades biológicas sea superior al botellón y que el número de mujeres haya sido superior al de hombres en la infracción de botellón. En los años anteriores no había ocurrido así.
Infracciones más frecuentes
Por participar en reuniones o concentraciones con ingesta de bebidas alcohólicas trabajaron en tareas comunitarias un total de 123 personas, de las que 56 eran hombres y 67 mujeres. Por realizar en la vía pública necesidades fisiológicas fueron 153 personas, de los que 121 fueron hombres y 32 mujeres. Ocho infracciones fueron por realizar grafitis o actos vandálicos, cuyos autores fueron siete hombres y una mujer.
Por no recoger excrementos de perros se penalizó a un hombre y otra mujer. También se penalizaron a cinco personas, tres hombres y dos mujeres, por abandonar residuos y/o arrojar basura a la vía pública. Finalmente, por bañarse en fuentes públicas fueron penalizados cuatro hombres en 2016. Los trabajos en beneficio de la comunidad se vienen realizando en colaboración con distintas entidades sociales de la ciudad. Las mujeres eligen entidades de mayor carácter social.
En concreto, 110 personas eligieron trabajar en Fomento de Construcciones y Contratas (87 hombres y 22 mujeres); en la Fundación Federico Ozanam fueron dos hombres y cinco mujeres; en Cruz Roja fueron 13 hombres y 15 mujeres; Disminuidos Físicos de Aragón fue elegida por 24 hombres y 29 mujeres; la Parroquia Nuestra Señora del Carmen fue elegida por 40 hombres y 20 mujeres; el Consejo de la Juventud de Zaragoza fue elegido por 19 hombres y tres mujeres; el YMCA fue elegid por cuatro mujeres; la Asociación Promoción Gitana fue elegida por dos personas; una persona eligió la Escuela Jardinería “El Pinar”; y seis personas no cumplieron la sanción, de las que cuatro fueron hombres y dos mujeres.
Ministerio del Interior
Por otro lado, el 19 de mayo de 1997 se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y provincias para la gestión del cumplimiento de penas mediante trabajos en beneficio de la comunidad. El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con fecha 30 de diciembre de 1998 se adhirió a este convenio. A lo largo de 2016 se han realizado un total de 42 servicios, aunque habría que añadir 11 más que han empezado el servicio pero no lo han terminado.
En concreto, 23 personas trabajaron en Parques y jardines; tres lo hicieron Vialidad y aguas, tres en gestión de residuos y eficiencia energética, tres en el servicio de prevención y salud laboral, cuatro en la residencia Casa Amparo, y seis en la Escuela de Jardinería.
