Zaragoza.- La cárcel de Zuera fue el año pasado el segundo centro penitenciario con más agresiones a funcionarios, con un total de 20. Una situación derivada del “colapso” en el que se encuentran las cárceles españolas,según ha explicado el presidente de la Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), José Luis Pascual, quien ha explicado que Zuera “tiene una capacidad para 1.000 internos y se encuentran en ella más de 1.500 presos”.
Acaip se ha concentrado esta mañana junto a la Delegación del Gobierno en la plaza del Pilar de Zaragoza y junto a la Subdelegación del Gobierno en Teruel para reivindicar “un cambio real” en el funcionamiento de las cárceles de España, que actualmente es "caótico y penoso". Para visibilizar su rechazo a la gestión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, Acaip ha decidido regalar chorizos a los viandantes, debido a que "Instituciones Penitenciarias vive en la incompetencia y la indecencia".
El delegado de Acaip en Aragón, Óscar Alonso, ha exigido la dimisión de Yuste porque “lleva 13 años en el cargo y no ha sido capaz de encarar una nueva manera de ver las prisiones, que necesitan un cambio”. Alonso también ha criticado que Yuste muestre una actitud beligerante con el sindicado. “Lo único que ha hecho ha sido aumentar la presión sobre Acaip, al hacer ir a declarar su presidente” -José Luis Pascual-, por criticar el funcionamiento de la institución. Pascual "tan solo había dado su opinión sobre cosas que estaban ocurriendo en determinadas prisiones”, ha manifestado Alonso.
Alonso ha ido más lejos al acusar a Yuste de “utilizar la inspección como un brazo secular para castigar a Acaip cada vez que puede”. El delegado ha recordado también que “la inspección debería ser un elemento para mejorar y ayudar al funcionamiento de Instituciones Penitenciarias”.
Por el momento, han planificado un programa de movilizaciones hasta el mes de noviembre.
Otras reivindicaciones
El delegado de Acaip en Aragón también ha pedido que “Instituciones Penitenciarias pase a formar parte del Ministerio de Justicia”, en vez de hacerlo de Interior, ya que esto les permitirá tener “una regulación propia y específica”. De esta manera, Alonso ha expresado que “se solucionarían muchos de nuestros problemas como la especificidad de nocturnidad y peligrosidad, que no están reconocidas”.
Alonso también ha exigido “la supresión de la seguridad privada dentro de las cárceles”, que tienen un coste anual para el Estado de 58 millones de euros según fuentes del sindicato. En su lugar, ha propuesto “que se cubran las 3.500 vacantes que están disponible en el conjunto de España”, de las cuales “77 son en Aragón”.
Otra de las peticiones de Alonso ha sido la de “actualizar el reglamento de las funciones de los trabajadores de prisión”, que sigue siendo “el mismo que en 1981”. Ha reclamado que este reglamento "se ajuste a novedades como la aparición de los Centros de Inserción Social y el nuevo funcionamiento y construcción de las prisiones”.
