Tres años resocializando a los presos aragoneses... sin remuneración

Los 60 letrados del Colegio de Abogados de Zaragoza que prestan el servicio de orientación jurídica penitenciaria llevan tres años sin una remuneración por esta tarea. Se organizan en turnos para viajar semanalmente a las prisiones de Zuera y Daroca para resocializar a los internos y garantizar así sus derechos fundamentales.

Zaragoza.- "El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos". Esta cita del novelista ruso Fiódor Dostoyevski bien puede explicar por qué un grupo de 60 letrados del Colegio de Abogados de Zaragoza sigue prestando semanalmente el servicio de orientación penitenciaria a pesar de llevar tres años sin ningún tipo de remuneración por él. 

"Atendemos a la pobreza", explica la coordinadora del Servicio de Orientación Penitenciaria del Colegio de Abogados de Zaragoza, Paula Hormigón. En general, atienden a internos que están presos por haber cometido algún delito contra la propiedad o contra la salud pública. "Son personas que han tenido una vida con dificultades y no tienen acceso ni a la asistencia letrada ni a otro tipo de derechos", señala Hormigón. 

Una sentencia les ha privado de libertad, pero "el resto de derechos han de ser garantizados", insiste esta abogada. ¿En qué consiste la función de este grupo de letrados? "Como sociedad tenemos que facilitar que esas personas se resocialicen y puedan tener unas condiciones mejores de las que han conllevado su ingreso en prisión", resume Hormigón.

Para comprender esta función hay que remontarse al artículo 25 de la Constitución española que, en su punto segundo, establece que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados". El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma "gozará de los derechos fundamentales", a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, "tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad".

Así, el servicio de orientación jurídica penitenciaria trata de resocializar a los internos para "que puedan cesar en su actividad delictiva". Se abordan cuestiones relacionadas con el ámbito penitenciario como los traslados, los permisos, asuntos sanitarios, de educación, el acceso a puestos de trabajo, etc.

Desde el Colegio de Abogados de Zaragoza consideran que la situción en este servicio es realmente absurda
Desde el Colegio de Abogados de Zaragoza consideran que la situción en este servicio es realmente absurda

"Es la ventana hacia fuera para que las personas que no tienen los recursos necesarios puedan ver garantizados esos derechos reconocidos constitucionalmente", subraya Hormigón.

Los 60 abogados que prestan este servicio se organizan en turnos de modo que tres de ellos acuden cada martes al centro penitenciario de Zuera y otros dos al de Daroca. Si es necesario, el servicio se refuerza los jueves en la prisión de Zuera, al ser la demanda mayor. La única remuneración que obtienen actualmente por ese servicio es la que les ofrece el Colegio de Abogados para hacer frente al pago de la gasolina para que acudir a estas cárceles no suponga un gasto adicional.

Antes de esta situación, la Diputación Provincial de Zaragoza convocaba unas subvenciones a las que podían optar los colegios de abogados y, al de Zaragoza, se le concedían unos 350 euros anuales, aproximadamente, por este servicio de asistencia jurídica penitenciaria. 

"Siempre habíamos dicho que la cantidad no era la que debía, pero por lo menos se reconocía la labor de quienes prestamos este servicio que consideramos una garantía constitucional", admite Hormigón. Desde hace tres años realizan esta labor sin esta subvención porque "se cambiaron las bases de esa convocatoria y ya no se podían presentar entidades jurídicas como el colegio de abogados".

"Una situación absurda y paradójica"

El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, considera que esta situación es "realmente absurda y paradójica" ya que está convencido de que los principales interesados "no solo son los presos" sino también los propios centros penitenciarios: "Parece evidente que podemos hablar de una cierta paz social si hay alguien que asesora a los reclusos y estos tienen una permanente información sobre su situación, sobre si pueden o no solicitar beneficios penitenciarios o si pueden impugnar o recurrir alguna medida".

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado el expresidente del Consejo General de la Abogacía Española, el zaragozano Carlos Carnicer, quien ve una "vergüenza" que los letrados que prestan el servicio de orientación penitenciaria "tengan que poner dinero de su bolsillo". 

Esperanzados con la ley de Garantía Jurídica Universal

Suelen atender a internos que están presos por haber cometido algún delito contra la propiedad o contra la salud pública
Suelen atender a internos que están presos por haber cometido algún delito contra la propiedad o contra la salud pública

Frente a esta situación, los letrados se muestran "esperanzados" con la proposición de ley de Garantía Jurídica Universal, presentada por el PP, que se tramita en las Cortes de Aragón. El objetivo es agrupar las asesorías gratuitas que se prestan actualmente por separado: la del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), la de atención a inmigrantes, desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), y la de orientación penitenciaria. 

La futura norma cuenta con el respaldo de todos los grupos de la Cámara y, según esperan los abogados, se garantizará de este modo la financiación para estos servicios.

El pasado 30 de mayo el portavoz de Justicia del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma, explicó que se pretende que "sean los colegios de abogados" los que presten todos estos servicios porque "es una mayor garantía". "No tienen ánimo de lucro, tienen a todos los abogados a su disposición, cubren todo el territorio y tienen capacidad para prestar las asesorías jurídicas específicas", apuntó.

La ponencia encargada del estudio de la proposición no de ley estudiarán las más de 100 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. Es el paso previo para su aprobación definitiva en Pleno. Para este, todavía no hay fecha.