Decía el filósofo búlgaro Tzvetan Todorov: “La memoria en sí misma, la evocación del pasado, no es ni buena ni mala, todo depende del propósito que perseguimos con esa evocación. Cuando la memoria se aprovecha para la venganza, la autopromoción, la obtención de privilegios, se puede hablar de abuso. Cuando se logra poner al servicio de la verdad y la justicia, el abuso desaparece.”
Recogiendo estas palabras, puedo afirmar que nunca fue ánimo del Gobierno de Aragón ni de los ponentes del Proyecto de la Ley de Memoria Democrática de Aragón aprobado el pasado 18 de julio de 2017 la venganza o el desquite, sino ahondar en la verdad de lo que sucedió en nuestra Comunidad Autónoma durante cuatro décadas del siglo pasado y en hacer justicia a todos aquellos que dieron su vida o fueron privados de su libertad por defender la libertad y la democracia.
Hace diez años, el presidente del Gobierno de España Rodríguez Zapatero presentó en el Congreso de los Diputados la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista, suponiendo un hito legislativo y un innegable avance en el reconocimiento moral y el desagravio hacia las víctimas. Dicha ley, conocida popularmente como Memoria Histórica, permitió que nuestro país, España, recuperase la dignidad de los demócratas y se igualase al resto de países de nuestro entorno europeo que en modo alguno permiten ningún tipo de apología de una de las ideas más abyectas y nefandas del siglo XX: el fascismo. No obstante, la llegada en 2011 al Gobierno del Partido Popular encabezado por el presidente Mariano Rajoy supuso que, sin derogar la Ley de Memoria Histórica, esta quedase completamente desactivada, bien porque no contase con ningún tipo de financiación para los fines que en ella se establecen, o porque tampoco se tomase ninguna medida acerca de la retirada de símbolos, placas o insignias que exaltasen, personal o colectivamente, la sublevación militar o la Dictadura franquista.
El Gobierno de Aragón pretende que esta Ley sea de Memoria Democrática, ya que además de la búsqueda de verdad para aquellas víctimas perseguidas por sus ideas políticas, pensamos que esclareciendo nuestra historia, ayudamos a la construcción de una sociedad más justa y ética, capaz de mirar a su pasado de forma crítica, contribuyendo en definitiva a la buscada no repetición en el futuro. Y lo hacemos en colaboración con las asociaciones memorialistas porque creemos que han sido durante décadas garantes de la democracia y los valores de convivencia, respeto, pluralismo político, igualdad y paz.
El deber de memoria que implica la gestión de la Memoria Democrática comprende la responsabilidad de los poderes públicos de Aragón de amparar el derecho de los individuos a buscar la verdad de los hechos, de proteger a las víctimas que lo fueron por comprometerse con la democracia, la libertad y la justicia social, y de disponer de los medios suficientes para repararla. Eso ha de poder ser compatible, del mismo modo, con el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos que se dieron en Aragón en la zona republicana, y el acceso a derechos básicos e inalienables desde el punto de vista humanitario como el de exhumación e identificación por parte de descendientes de asesinados.
No pretendemos por tanto reabrir viejas heridas sino cicatrizar las todavía existentes. No queremos vencer una guerra pretérita sino convencer a las generaciones venideras de la perversidad de cualquier tipo de persecución o violencia personal producida por razones políticas, ideológicas, expresión o identidad de género o de etnia, o de creencia religiosa como las sufridas en Aragón durante la Guerra Civil o la Dictadura.
El 12 de octubre de 1936, Día del Pilar, el rector de la Universidad de Salamanca Miguel de Unamuno le dijo al general Millán Astray aquella famosa frase: “Venceréis pero no convenceréis. Porque para persuadir necesitáis algo que os falta en esta lucha, razón y derecho”. Considero que no le faltaba razón a uno de los filósofos más importantes de nuestra historia. Contamos con la razón condenando cualquier idea política que utilice la violencia como medio. Ahora tan sólo pretendemos que dicha condena forme parte de nuestro derecho y que los abusos desaparezcan.
