Zaragoza.- La Comunidad Educativa del colegio Pío XII de Huesca ha denunciado este miércoles que "desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón se ha eliminado del registro oficial la calificación de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (Acnae) a 34 alumnos del centro". Esta modificación, han asegurado, "se ha realizado sin previo aviso, sin autorización del centro y en contra de la decisión de las profesionales del equipo de orientación que trabajan en él". Esta medida supone que estos alumnos dejan de tener derecho a recibir los apoyos y las medidas específicas de intervención que les proporcionan una respuesta educativa adecuada para el desarrollo de sus capacidades.
Un alumno presenta una necesidad específica de apoyo educativo cuando así se determina como resultado de una evaluación psicopedagógica realizada por los profesionales del centro. Dicha evaluación se expresa en un informe que el centro debe consignar en un sistema informático denominado GIR (Gestión Integral en Red). Este sistema es el que proporciona datos como el tipo y el grado de la necesidad, las medidas de apoyo pertinentes y el número y porcentaje de Acneae por centro.
La Comunidad Educativa del Pío XII ha asegurado que "este hecho no tiene precedentes conocidos, pues se trata de una manipulación de datos que afecta a menores donde no hay explicación ni argumentación, ni cita de norma que lo ampare, ni firma del autor que se responsabiliza del acto y se hace con total desconocimiento de las familias de las alumnas y alumnos perjudicados"
El colegio considera que este hecho se debe a que el Departamento de Educación tuvo que demostrar hace unos días al Tribunal Superior de Justicia de Aragón que ha cumplido con su deber de garantizar una distribución equilibrada del alumnado Acneae. Con la eliminación de estos alumnos, "el resultado es que el porcentaje de Acneae en el centro cae hasta unas cifras asumibles, pero se falsea la realidad", han lamentado.
Además, han recordado que la gestión del GIR recae en el centro educativo y, por extensión, en el responsable último del mismo: el director.
Por todo ello, han trasladado su "tristeza porque la Administración Educativa no cumple, a nuestro juicio, con el artículo 103 de la Constitución cuando le asigna el servir con objetividad los intereses generales con sometimiento a la ley y el derecho”. Han añadido, además, que “mientras tanto, día a día, seguimos comprobando que hacer efectivo el derecho de todas las personas a una educación pública, de verdad pública y de verdad educación, no es la prioridad de esta Administración".
